Artículo de Celia, acompañante internacional de derechos humanos de Peace Watch Switzerland (PWS).

Tegucigalpa, Honduras.

El 12 de enero de 2025, un juez hondureño resolvió abrir un proceso penal en contra de tres ex jerarcas militares por la muerte de un joven manifestante en una protesta del 2009. Este es un caso emblemático de la represión violenta que se dio en los días posteriores al golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas. Aunque la familia de la víctima, apoyada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es ahora una jurisdicción nacional que tratará de esclarecer los hechos y hacer justicia en un país aún polarizado por el golpe.

Pasaron quince años desde el golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya. Desde entonces, los crímenes y las violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en los días posteriores al golpe nunca fueron juzgados. La muerte violenta de Isis Obed, un joven de 19 años, en la manifestación del 5 de julio de 2009 es uno de los múltiples casos que quedaron por años en la impunidad. La apertura del juicio en contra del entonces jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez Velasquez, y otros dos ex altos mandos del ejército, por homicidio y tentativa de homicidio, levanta la esperanza de deducir responsabilidades y obtener justicia para las víctimas.

Una semana después del golpe, el 5 de julio de 2009, unos 350 000 manifestantes acudieron al aeropuerto Toncontín[1] de Tegucigalpa para recibir al presidente derrocado Manuel Zelaya, quien había anunciado su retorno al país. Las infraestructuras estaban resguardadas por las fuerzas de seguridad, policiales y militares. Cuando el avión del presidente intentó aterrizar, unos manifestantes se acercaron a la malla que los separaba de la pista para intentar pasar. En ese momento, los militares que se encontraban en la pista empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar balas vivas hacia la población. En estas circunstancias, varias personas fueron heridas, entre las cuales Alex Zavala, quien recibió un disparo en el muslo y es ahora parte acusadora en el proceso penal. Isis Obed Murillo recibió una bala en el cráneo y murió pocos minutos después.

“Estos quince años han sido de dolor, a veces se cierra la herida, a veces se vuelve a abrir. Aunque sea llorando en las reuniones o en las calles, estamos pidiendo justicia”, manifestó la madre de Isis Obed en una conferencia de prensa organizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) días antes de la audiencia inicial. Esta organización de defensa de los derechos humanos promueve, desde los años ochenta, la memoria histórica de las víctimas frente a los abusos del Estado.

El informe de la Comisión de Verdad y la búsqueda de justicia internacional

Lo ocurrido en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa no fue un caso aislado en el contexto post golpe. La represión de las manifestaciones públicas y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales fue más bien un patrón que se repitió en todo el territorio hondureño. Según el informe[2] “la voz más autorizada es la de las víctimas” de la Comisión de Verdad, publicado en 2012, se dieron acontecimientos similares en El Paraíso, en Choloma, en San Pedro Sula y en diferentes puntos del Distrito Central. El Cofadeh documentó 167 asesinados relacionados con la crisis de 2009 y presentó ante el Ministerio Público 90 casos de violaciones graves a derechos humanos: detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, homicidios.

En ausencia de respuestas por parte del Ministerio Público, el Cofadeh y la familia de Isis Obed presentaron el caso[3] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013, la cual se pronunció al respecto afirmando que no se puede “tratar a la población civil como el enemigo” y que la seguridad ciudadana consiste en la “protección y control de los civiles que participan de manifestaciones”.

El Estado de Honduras rechaza su responsabilidad por la muerte de Isis Obed, en parte porque afirma que no se ha agotado todavía los recursos internos para obtener justicia.  Los peticionarios denuncian “la falta de investigación y sanción de los responsables” y “el tiempo excesivo en las investigaciones penales”. El desenlace del juicio en contra de los ex militares podría acelerar el proceso arrancado ante la CIDH. 

En marzo de 2021, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández, activista y mujer trans que fue asesinada durante el toque de queda en San Pedro Sula, el 28 de junio de 2009. En la sentencia[4], la Corte estimó que existen indicios de la participación de agentes estatales (policías) en el crimen y que las circunstancias nunca fueron esclarecidas, lo que apunta a la responsabilidad del Estado.

El juicio histórico de militares retirados

El equipo de Peace Watch Switzerland realizó su trabajo de observación durante la audiencia inicial de Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Funéz, militares retirados que ocupaban altos mandos en el ejército en 2009.

En la audiencia, se habló de las trayectorias de las balas que fueron disparadas en los muros cercanos al aeropuerto, de los calibres de las balas y del tipo de armas, pero también de la imposibilidad de acceder a la escena del crimen en aquel entonces porque estaba resguardada por militares. Se explicó igualmente en qué consiste una cadena de mando, cómo funcionan las operaciones militares y quiénes son responsables de ellas. La defensa insistió en las reglas de empeñamiento de los soldados y la posibilidad de usar armas para “disuadir o defenderse”, una elección que queda a criterio de cada soldado en función de su percepción de la situación.

Sin embargo, según la Fiscalía de Derechos Humanos, el uso de la fuerza el 5 de julio de 2009 no fue proporcional puesto que la manifestación era pacífica y que los soldados dispararon a larga distancia, sin estar en situación de peligro. El expediente investigativo establece que se encontraron 167 casquillos de calibre 5.56, correspondientes a balas usadas por las fuerzas estatales. Por lo tanto, por no haber ordenado un cese al fuego en los más de veinte minutos de disparos y en ausencia de investigaciones internas, los fiscales acusaron a los exjerarcas del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Especiales de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato por omisión.

Después de haber considerado las pruebas documentales y escuchado a los testigos de la acusación y de la defensa, el juez consideró que existe una mínima actividad probatoria para abrir un juicio por homicidio y tentativa de homicidio. Dictó arresto domiciliario a los tres imputados. Este juicio podría marcar un hito histórico en el reconocimiento de las víctimas y en la imputación de una responsabilidad penal a las jerarquías en caso de violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en Honduras.

---

^{Foto de portada: Manifestantes reunidos en la plaza donde fue asesinado el joven Isis Obed, PWS, 10 de enero 2025}

^{[1] https://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Informe-de-la-Comision-de-Verdad.pdf}

^{[2] https://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Informe-de-la-Comision-de-Verdad.pdf}

^{[3] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2023/HNAD_433-13_ES.PDF}

^{[4] https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_422_esp.pdf}