Artículo de Mónica Gálvez, acompañante nacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras.

Tegucigalpa, Honduas

La primera vez que asistí a terapia psicológica fue de muy pequeña, no recuerdo exactamente la edad que tenía, pero estaba en mis primeros años escolares. Mi mamá me llevaba los fines de semana a una pequeña sala dónde esperábamos ser atendidas por alguien que siempre preguntaba cosas sobre mí y me daba colores para dibujarle lo que me dijera. Mi primera psicóloga.

En mi mente de niña no comprendía porque esta persona desconocida se interesaba tanto por sacarme conversación y hacerme dibujar. Luego, al hacerme mayor, entendí que fue alguien que ayudó a mis padres a identificar mis apegos y vulnerabilidad durante mi niñez.

En gran parte de mis 25 años, olvidé esas sesiones, dejé de recordarlas y aún en la actualidad me cuesta tener recuerdos claros de esos días. No sé realmente qué me hizo olvidar, si los continuos años sin saber que estuve yendo a terapia por unas pocas semanas o el miedo que me dio saberlo cuando lo descubrí.

Sea cuál fuera la razón, el estigma siempre estuvo presente. Hablar sobre haber asistido a terapia era una sentencia segura a que la gente comenzara a encasillarme y no quería eso en mi adolescencia. En un país como Honduras, dónde la educación sobre salud mental es escasa, es muy fácil caer en la desinformación. Y si vemos este tema en retrospectiva, tomando en cuenta el contexto nacional, también descubriremos que el acceso a una salud mental integral es limitado.

Privatizando la salud mental integral

Según la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) el sistema de salud mental de Honduras solo cuenta con 0.62 psicólogos, 0.66 psiquiatras, 0.01 psiquiatras en pediatría y 0.23 trabajadores sociales por cada cien mil habitantes. Parte de estos profesionales se encuentran en instituciones públicas, sin embargo, el servicio estatal (desde mi experiencia personal) es lento, deficiente y poco efectivo para las necesidades de la población.

Esto obliga a las personas a buscar asistencia médica-psicológica en el sector privado; lo cual tiene consecuencias graves por brindar únicamente acceso a una vida digna y saludable a quiénes tienen las facilidades de costearse un tratamiento costoso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para julio de 2021, el 54.0% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, de este porcentaje el 28.9% está en extrema pobreza. Más de la mitad de la población tendría problemas para obtener un servicio de salud apropiado para un diagnóstico de salud mental; a menos que asistan a centros privados.

Estas cifran son preocupantes si se toma en cuenta que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental en algún punto de su vida, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de ser una necesidad importante, la OMS también expone que entre el 35% y el 50% de las personas con una condición mental no reciben ningún tratamiento o por lo menos no uno adecuado. Esta es una realidad para Honduras.

No quiero privilegios, quiero derechos

Los espacios libres de estigma son pocos, la posibilidad de acceder a un seguimiento médico o psicológico integral es muy bajo para la población vulnerable y la situación simplemente sigue empeorando. La salud mental no es un privilegio, ni un lujo, es un derecho y es papel del Estado poder brindarle a su población al menos las condiciones mínimas para poder tratarse dignamente. La educación y la información sobre estos temas también es fundamental para acabar con los estereotipos y las creencias erróneas sobre lo que es vivir con un trastorno o condición.

Ahora, después de tantos años, me enorgullece hablar abiertamente sobre salud mental. Agradezco mis procesos, que ahora son varios, y le pongo particular atención a mis emociones y pensamientos gracias a la terapia. Ya no le tengo miedo a las salitas donde espero que alguien pregunte cosas sobre mí, lo he convertido en mi espacio seguro con el tiempo. Lo acepto y lo abrazo con el dolor de saber que lo vivo desde el privilegio y no desde mi derecho como hondureña.

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