Artículo de Elvia, acompañante hondureña de Derechos Humanos de PWS en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

Recientemente en uno de mis acompañamientos, tuve la oportunidad de conocer a un gran defensor de una tribu Tolupana del departamento de Yoro, mientras conversábamos sobre su lucha en el territorio me dijo; “Mi familia y yo desde varios meses estamos desplazados de nuestra comunidad, por amenazas a muerte a causa de defender el territorio”. Al escuchar la palabra desplazado, se me hizo un nudo en la garganta ¿Qué palabras se pueden decir de forma empática para quienes han sido forzados a abandonar sus hogares para preservar su vida y la de su familia? Tristemente, ese día, Él no fue la única persona que conocí en esa misma situación.

Adentro de los territorios de resistencia, donde las comunidades se unen valientemente para defender sus tierras y bienes comunes, se esconde una tragedia silenciada que afecta profundamente a las comunidades y a los propios defensores y defensoras; el desplazamiento forzado.

Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, la violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de 247.000 personas, de las cuales las mujeres constituyen más de la mitad de esa cifra; y niñas, niños y adolescentes, un 43%.

La Defensa del Territorio y sus Valientes Defensores

La defensa del territorio es una lucha por la supervivencia y la justicia. Comunidades indígenas, campesinas y rurales, a menudo, se encuentran en la primera línea de esta batalla. Para ellos, sus tierras son más que simples espacios geográficos; son la encarnación de su historia, cultura y modo de vida. Defienden su territorio contra intereses poderosos que buscan explotar los recursos naturales, como la minería, la expansión agrícola y la explotación de madera.

Esta lucha por la protección de la tierra, siempre presenta obstáculos. Grandes empresas, con el apoyo o complicidad de funcionarios del Estado, amenazan a las comunidades con la expansión de proyectos industriales y la apropiación de tierras, con esto las defensoras y los defensores pasan a convertirse en un obstáculo para estos intereses, y se convierten en objetivos de amenazas, intimidaciones y ataques a su integridad física.

Desplazamiento Forzado: Un Alto Precio a Pagar

Una de las consecuencias más devastadoras de la defensa del territorio es el desplazamiento forzado. En Honduras, cientos de personas al año son expulsadas de sus hogares y comunidades.

Para los defensores y defensoras desplazadas implica dejar atrás sus raíces y rutinas de vida. Involucra un rompimiento con las conexiones emocionales con la tierra, se experimenta una pérdida profunda de sentido de pertenencia. Este desplazamiento no solo implica la pérdida de viviendas y bienes materiales, sino también la pérdida de lazos familiares y comunitarios, lo que puede resultar en un trauma duradero. Además, el futuro incierto al que se enfrentan los desplazados está plagado de desafíos, ya que a menudo se ven arrojados a un ambiente desconocido y hostil, sin garantía de acceso a servicios básicos, vivienda adecuada o empleo.

Para las comunidades el desplazamiento forzado en el contexto de la defensa del territorio representa una tragedia humana. Cuando varios pobladores de una comunidad se ven forzados a abandonar sus hogares, se produce una fractura en el tejido social y cultural que ha sido parte de su identidad durante generaciones, como consecuencia su cohesión comunitaria se debilita.

La Lucha por la Justicia y las Medidas de Protección a Defensores

Las acciones de impartición de justicia del Estado hondureño a menudo se perciben como inoperantes, lo que perpetúa una cultura de violencia y criminalización hacia los defensores y las defensoras. Las industrias extractivas, respaldadas por un sistema que les otorga privilegios de dominación, a menudo actúan impunemente, creyendo que la violencia contra las comunidades es tolerable y que no enfrentarán investigaciones o castigos por sus acciones. Este desequilibrio de poder y la falta de rendición de cuentas representan un grave obstáculo para la justicia y la protección de quienes luchan por la defensa del territorio y los derechos humanos en Honduras.

En diciembre 2022, el Gobierno de Honduras aprobó la “Ley de prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente”, que establece la base para atender las consecuencias que sufren las personas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir nuevos desarraigos. La ley estipula una serie de medidas para prevenir el desplazamiento interno de las cuales el Mecanismo de Protección juega un rol importante para su cumplimiento.

Pero el Mecanismo de Protección, diseñado para garantizar la seguridad de los defensores, también se ha visto afectado por inoperancias, lo que pone en peligro su eficacia. La falta de recursos, la burocracia y la falta de medidas efectivas han llevado a situaciones en las que los defensores no reciben la protección adecuada en tiempo y forma. Esto crea un círculo vicioso en el que la lucha por la justicia se convierte en un acto de valentía extrema, con un alto costo personal y emocional.

La participación activa de PWS en las comunidades

La presencia de PWS en las comunidades y en las actividades de defensa del territorio agrega una capa adicional de visibilidad y protección hacia los defensores. La presencia de nuestros acompañamientos en las comunidades no solo contribuye a la disuasión de actos de violencia y desalojo, sino que también genera un sentimiento de apoyo en las comunidades locales en su lucha por la justicia y la protección de los derechos humanos y los bienes comunes.

Las consecuencias del desplazamiento forzado en la defensa del territorio son una tragedia que no debe ser ignorada. A medida que las comunidades luchan por proteger sus tierras y bienes comunes, es esencial que trabajemos juntos para garantizar que su valentía no se traduzca en desplazamiento forzado y sufrimiento. La lucha por la justicia y la protección del territorio debe ser un camino que preserve las raíces y el modo de vida de quienes defienden lo que es suyo por derecho.

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^{Leyenda de Foto: Voluntaria de PWS haciendo un recorrido por una de las comunidades de la Isla de Zacate Grande.}