Artículo de Noé Yanik Käch, acompañante internacional de derechos humanos de Peace Watch Switzerland (PWS) en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

En el corazón de Choluteca, Honduras, se ha desatado una lucha tenaz entre la población y las autoridades locales, centrada en la construcción de la Gran Terminal del Pacífico (Granterpa). Este proyecto, impulsado por la municipalidad en plena pandemia, ha sido motivo de creciente descontento entre los ciudadanos, quienes consideran que simboliza un atropello a sus derechos y una falta de respeto a sus demandas.

Los Orígenes del Conflicto

La Granterpa fue presentada como una obra destinada a modernizar el transporte público en la región y a descongestionar el tráfico en el centro de Choluteca. Sin embargo, desde su anuncio en octubre de 2020, la comunidad de Choluteca expresó su escepticismo y oposición. Los ciudadanos organizados en comités y grupos de resistencia señalaron que la terminal no solo monopolizaría el transporte público, sino que también pondría en riesgo los ingresos de pequeños empresarios y trabajadores que dependen de las rutas y terminales existentes.

El proyecto fue concesionado por el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, a la empresa privada Flefil & Asociados por un período de 20 años, y más tarde transferido al Grupo W, fundado por la familia Williams, una de las más poderosas en el sur de Honduras y propietaria del terreno donde se construyó la Granterpa. A pesar de que la ley establece la necesidad de socializar proyectos de este tipo con la comunidad, las consultas previas no se realizaron, lo que generó un descontento aún mayor.[1]

Además, la Granterpa se construyó 12 km fuera del centro de Choluteca, en una curva peligrosa que ya ha provocado un accidente mortal. A los buses interurbanos no se les permite dejar a las personas en el centro; primero deben dirigirse a la Granterpa, obligando a quienes desean llegar al centro de Choluteca a hacer un desvío largo y pagar hasta el triple del pasaje de antes. Otro motivo de descontento es que los buses deben pagar el 80% del canon directamente a la empresa privada, y solo el 20% va para la alcaldía, lo que se percibe como un acto corrupto y una mala negociación por parte de las autoridades.

Movilización y Resistencia

La resistencia ciudadana se intensificó a lo largo de 2023, con múltiples protestas y tomas de carreteras organizadas por grupos locales. Un evento notable que llamó la atención de muchas organizaciones de derechos humanos fue el del 26 de abril de 2024, cuando la Policía Nacional desalojó violentamente, con armas de fuego y gas lacrimógeno, una toma en el desvío de Las Hormigas, en El Triunfo, donde más de 1,500 manifestantes exigían la suspensión de la operatividad de la Granterpa. Según el Frente Triunfeño en Defensa por la Vida (FTDV), la represión resultó en ocho heridos de bala, la mayoría jóvenes, y numerosos abusos por parte de las fuerzas del orden.

Las protestas han estado marcadas por denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y amenazas contra los manifestantes. Varios líderes sociales fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas desde el extranjero y por pandillas locales para que detuvieran sus manifestaciones. Además, el IHTT comenzó a multar a cada bus interurbano que dejara a sus clientes antes de llegar a la Granterpa con multas de 5 mil a 15 mil lempiras.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (Massvida), han documentado estos abusos e instado a las autoridades a respetar el derecho a la protesta pacífica. Desde el 12 de agosto de 2024, la población de Choluteca y de las comunidades fronterizas (transportistas, comerciantes, locatarios, usuarios de los mercados) han ocupado la alcaldía de Choluteca para exigir al alcalde y a las autoridades tomar acciones para suspender la operatividad de la Granterpa para los buses públicos. Hasta ahora, no hay solución; al contrario, hay un proceso abierto con dos denuncias: una de la Granterpa por daños y amenazas, y otra de la municipalidad por usurpación al haber tomado la alcaldía.

Desde el desalojo violento del 26 de abril de 2024, PWS observa y acompaña el proceso de la lucha contra la Granterpa firmemente. Desde el primer día de la toma de la alcaldía, PWS está presente en el lugar constantemente con sus dos equipos.

El Panorama de la Resistencia

A pesar de la represión, la población de Choluteca sigue firme en su lucha. La resistencia contra la Granterpa ha unificado a ciudadanos de todas las edades y sectores sociales en un movimiento que ha trascendido las fronteras de la región. Los manifestantes exigen la suspensión de la operatividad de la Granterpa hasta que se realice una auditoría completa, se consulte a la comunidad y se prioricen los intereses de los ciudadanos. PWS sigue observando el proceso de la toma pacífica indefinida de la alcaldía de Choluteca.

Conclusión

El caso de Choluteca es un recordatorio poderoso de que el desarrollo no puede imponerse desde arriba sin el consentimiento y la participación activa de la comunidad. Mientras la Granterpa siga en operación, la resistencia ciudadana continuará siendo un faro de esperanza en la lucha por un futuro más justo y equitativo para todos.

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_{Foto: Ocupación de la alcaldia de choluteca, fotografía tomado por un voluntario de PWS.}

_{[1] https://contracorriente.red/2024/05/06/la-granterpa-la-concesion-que-desperto-la-resistencia-de-las-comunidades-y-a-la-policia-represora-en-el-gobierno-de-xiomara-castro/}