Artículo de Akira Lozano, acompañante internacional de Derechos Humanos de Peace Watch Switzerland (PWS) en Honduras.
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
La industria del aceite de palma africana es una de las más grandes y lucrativas a nivel mundial, y su rápida expansión en América Central, ha convertido a nuestro país Honduras en uno de los principales exportadores de este producto agrícola. Sin embargo, este crecimiento ha generado serios costos ambientales y sociales.
La falta de regulación en diversas regiones ha impulsado prácticas insostenibles, como la deforestación masiva de bosques tropicales, lo que pone en grave peligro la biodiversidad e incluso afecta a múltiples especies en peligro de extinción. En Honduras, las plantaciones de palma aceitera han invadido incluso áreas protegidas y parques nacionales, dejando nuestras tierras infértiles. “Se requieren 25 años para lograr que la zona en la que se plantó palma aceitera vuelva a ser fértil ya que el suelo queda tan debilitado que por más que se abone, los componentes se pierden y desaparecen.” Aparte que este tipo de monocultivos atraen epidemias, pestes y muchos tipos de insectos que terminan perjudicando a los trabajadores de la zona y a las comunidades cercanas. Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), aproximadamente 190,000 hectáreas están destinadas al cultivo de palma africana, que se extiende a lo largo del litoral atlántico, cubriendo los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, y ocupando vastas zonas fértiles, incluidas reservas naturales. Estas plantaciones han provocado la tala y también la quema de bosques y humedales, lo que amenaza los recursos hídricos y agrava el daño al medio ambiente. Además, los incendios provocados en áreas protegidas son utilizados como pretexto para expandir el monocultivo, intensificando los efectos negativos sobre el ecosistema y las comunidades locales. Debido a su versatilidad y su uso tan diversificado, su expansión está creciendo con mucha velocidad y se estima que la producción se triplicará de aquí a tres años, generando daños irreversibles al medio ambiente. En este enlace pueden ver cómo la palma se apodera de las aguas y áreas protegidas en Honduras.
Varias empresas dedicadas al cultivo de palma aceitera en Honduras han sido señaladas por causar graves impactos ambientales y sociales. Entre los problemas más destacados se encuentran la contaminación de fuentes de agua debido al uso intensivo de agroquímicos, y como mencionamos antes la deforestación masiva que destruye ecosistemas y afecta las tierras de comunidades indígenas y campesinas. Además, la población local enfrenta serias amenazas para su salud debido a la contaminación del agua, el aire y la tierra generada por las plantas extractoras de aceite. Agravando aún más los problemas ambientales y de salud en las comunidades cercanas.
La expansión de las plantaciones de palma aceitera ha provocado una contaminación ambiental generalizada, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades cercanas. En comunidades como la Cooperativa El Tranvío y El Chile, los efectos son evidentes. La contaminación del agua, en particular, se ha convertido en un problema crítico, ya que los desechos líquidos de las plantas extractoras, cargados de productos químicos, se vierten de forma irresponsable, directamente en fuentes de agua cercanas, contaminando tanto el agua superficial como la subterránea. Esto ha causado enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud en la población, que no tiene acceso a agua potable segura. Además, el agua contaminada también afecta las tierras de cultivo, lo que pone en riesgo las cosechas que las comunidades necesitan para subsistir, ya que lo que ganan los trabajadores de la palma aceitera no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación resalta la gravedad de los impactos tanto para la salud pública como para la seguridad alimentaria de las comunidades. En este enlace pueden ver un poco más a fondo esta problemática, hablan mucho de lo que le ha tocado vivir a la Cooperativa El Tranvío.
Además, la contaminación del aire es un grave problema actual. Las plantas de extracción emiten grandes cantidades de humo negro (polución), lo que ha generado enfermedades respiratorias como asma y bronquitis entre los habitantes de las cooperativas. La salud de las comunidades se ve afectada por la exposición constante a estos contaminantes. Además de los problemas respiratorios y digestivos, la exposición a los productos químicos de las plantaciones podría tener efectos negativos en la salud reproductiva. A pesar de las denuncias, las autoridades locales no han tomado medidas efectivas para abordar estos problemas, lo que ha llevado a las comunidades a exigir justicia. Además, estas empresas están involucradas en conflictos sociales, despojos de tierras y violencia contra los defensores de los derechos territoriales y humanos, especialmente en zonas como el Bajo Aguán. A pesar de las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales, los efectos negativos continúan siendo una problemática grave para el medio ambiente y las comunidades afectadas.
Desde PWS hemos tenido la oportunidad de realizar varios acompañamientos en la zona de Tocoa, Colón, especialmente en el Bajo Aguán, y resulta lamentable escuchar los testimonios de las personas afectadas en estas comunidades. Los derechos humanos de estas personas son sistemáticamente vulnerados, ya que enfrentan amenazas constantes de despojo de sus tierras. Muchos campesinos, debido a la falta de oportunidades, se ven obligados a trabajar en las plantaciones de palma africana, muchas de las cuales están ubicadas en sus propios territorios. Esta industria, que está marcada por una profunda mancha de sangre, ha causado la muerte de numerosos campesinos a manos de empresarios e inversores del sector. Además, los trabajadores son criminalizados constantemente, mientras que las empresas propietarias de las plantas de extracción los acusan de invasores, cuando en realidad son ellas las que invaden y despojan las tierras de los campesinos. Estos trabajadores sufren amenazas directas con armas, persecución constante y, a pesar de su arduo trabajo, reciben pagos miserables por la fruta que cosechan. A todo esto se suma la grave contaminación de las tierras, tanto para los campesinos como para todos los hondureños, particularmente aquellos que viven cerca de las plantaciones y las plantas de extracción. Hemos sido testigos de cómo estos campesinos han denunciado estas violaciones, pero lamentablemente no hemos visto avances significativos. Como voluntaria en la observación de derechos humanos, me siento profundamente impotente ante tantas injusticias, y especialmente frustrada por la impunidad que sigue prevaleciendo en numerosos casos.
Foto: La fruta de la palma africana. Fuente: https://www.shutterstock.com/