Artículo de Karla, acompañante internacional de derechos humanos de Peace Watch Switzerland (PWS).

Tegucigalpa, Honduras

En 1995 fue asesinada Blanca Jannette Kawas y su caso aún no fue esclarecido por los entes de justicia estatales. En la actualidad, en 2025, las personas defensoras del territorio siguen siendo víctimas de esta impunidad.

Blanca Jeannette Kawas, nació el 16 de enero de 1946, en Tela, Atlántida. Fue la primera mujer ambientalista en Honduras, conocida por su incansable lucha en la defensa de la riqueza ambiental y cultural de la bahía de Tela. Pero su labor de defensa fue interrumpida cuando el 6 de febrero de 1995 recibió un disparo de un  arma de fuego  en su casa de habitación.

Al momento de su asesinato Kawas, fungía como presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (PROLANSATE), organización cuyo objetivo fue mejorar la calidad de vida de los habitantes de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela. En su condición de presidenta denunció las intenciones de entes privados que querían adueñarse de la península Punta Sal, la contaminación de las aguas y la depredación de los bosques de aquella región. También logró en 1994 la aprobación por parte del Congreso Nacional del Decreto No. 154-94, mediante el cual se otorgó a la zona de Punta Sal en el Departamento de Atlántida la categoría de Parque Nacional.

¿Cómo el Estado investigó su caso?

El Estado de Honduras ha sido cuestionado por negligencia en cuanto a las investigaciones referentes a este caso. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la cual responsabilizó al Estado por la violacion a los derechos a la vida, las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A parte de eso menciona que al menos un agente estatal participó en la obstaculización de las investigaciones. Pasados treinta años de la muerte de la defensora y 16 de publicada la sentencia de la CIDH,  el Estado no ha avanzado significativamente en las investigaciones recomendadas. En la última supervisión de cumplimiento de sentencia de año 2022, la CIDH manifiesta que “observa con preocupación que, a la fecha, Honduras no ha remitido la información que le fue solicitada en la Resolución de 2017, limitándose a informar sobre algunas diligencias puntuales llevadas a cabo en los años 2015, 2016 y 2019, y otras respecto de las cuales no indicó la fecha. Tampoco indicó el resultado de las diligencias informadas o su relación con las líneas de investigación, ni aportó prueba de respaldo, tal como había sido solicitado en la citada Resolución de 2017”. (CIDH,2022,p.5)

La historia se repite

Las deficiencias en la investigación del caso de Blanca Jeannette Kawas evidencian un patrón persistente en la actuación del Estado hondureño: un contexto de impunidad estructural y falta de garantías reales para quienes defienden el medio ambiente. Esta situación no solo ha perdurado en el tiempo, sino que continúa reproduciéndose en nuevos casos.

Uno de los casos más recientes es el asesinato de Juan López, ocurrido en septiembre de 2024. Como coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, López fue una figura clave en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos. También se destacó por su firme oposición al megaproyecto extractivo de Emco Holdings Los Pinares Ecotek.

Cabe destacar que Juan contaba con medidas de Protección, lo que hace aún más alarmante su asesinato. A casi nueve meses de su muerte, las autoridades hondureñas no han identificado ni capturado a los autores intelectuales del crimen. “Juan murió porque el Estado no lo protegió”, denuncian sus compañeros y compañeras, quienes alzan la voz para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato de su compañero.

Otro caso emblemático es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016. Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y firme opositora al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el Río Gualcarque, Berta fue asesinada pese a contar también con medidas de protección. Aunque se logró la condena de algunos autores materiales, la investigación contra los autores intelectuales sigue siendo un desafío pendiente para el sistema de justicia hondureño.

En torno a este caso se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato es esclarecer la autoría intelectual y los delitos conexos. Ejerciendo su labor de manera independiente e imparcial. Sin embargo, durante su mandato, establecerá diálogos con víctimas y testigos, así como con autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Indudablemente la situación de violencia contra los defensores y defensoras es un tema preocupante que demanda de acciones inmediatas y efectivas de parte del Estado. Aunque existen condenas contra algunos autores materiales las investigaciones dejan un vacío cuando se trata de llegar a los actores intelectuales, lo que propicia un círculo de violencia continua.

Es vital que se adopten medidas efectivas para proteger a los defensores y defensoras del ambiente y garantizar justicia para las víctimas con investigaciones concretas.

Desde PWS, seguiremos acompañando a los y las defensoras de la tierra en su búsqueda de la justicia.

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^{Foto: “Tras 30 años sin justicia, decimos Blanca Jeannette Kawas.” Tomado de Mesa de Seguimiento de Sentencia [Fotografía] (CEJIL, 2025)}