Artículo de Luis Mangrane, acompañante de derechos humanos de Peace Watch Switzerland en Honduras.

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

Desde diciembre de 2024, la comunidad campesina de la cooperativa agropecuaria Camarones, situada en Quebrada de Arena, municipio de Tocoa, es víctima del desplazamiento forzado protagonizado por la banda criminal “Los Cachos”. Plataforma Agraria y COPA, a las que está adheridas esta cooperativa, exigen del Estado hondureño el desalojo y desarticulación de este grupo criminal en medio de la incertidumbre política del proceso electoral que atraviesa Honduras.

El Aguán es una región fértil de la costa caribe hondureña, situada en el departamento de Atlántida y Yoro.  La capital económica es Tocoa y a unos 18 kilómetros se encuentran los terrenos de la cooperativa Camarones. Durante todo el recorrido, y a ambos lados de la carretera repleta de socavones que conduce hasta el lugar, una bóveda verde de cultivos de palma aceitera se extiende hasta donde alcanza la vista. Los 150 pobladores de esta comunidad, incluyendo niños y adultos mayores, viven desplazados desde el 24 de diciembre del 2024, cuando el grupo criminal conocido como Los Cachos atacó con armas de guerra la cooperativa y ocupó sus tierras.

Estigmatizados por campañas de desprestigio y odio que los califican despectivamente como “tacamiches” (campesinos) permanecen confinados al interior de los terrenos de la Cooperativa El Tranvío en las proximidades de Quebrada de Arenas y bajo la vigilancia de miembros del grupo Los Cachos que dictan instrucciones a los responsables del centro de salud y escuela del municipio para que no atiendan a los cooperativistas de Camarones ni a sus familias.

A pesar de lo dramático de la situación no es ninguna anomalía ni excepción en una región asolada por conflictos socioambientales entre los que destacan los provocados por la actividad minera, el cultivo de palma aceitera y el narcotráfico, unos conflictos relacionados con el control territorial y que, además, se relacionan y retroalimentan entre ellos. En este sentido, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas fueron desplazadas internamente en Honduras como resultado de la violencia generalizada entre 2004 y 2018. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que, durante cinco años (2019-2023), unas 15.174 personas estaban en riesgo o sufrieron desplazamiento forzado.

PWS acompaña a Plataforma Agraria y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), entidades que agrupan a organizaciones de base y cooperativas campesinas de la región. En noviembre, en una visita a las familias campesinas de la comunidad de Camarones recorrimos el lugar en el que permanecen confinados sus integrantes dentro de la cooperativa el Tranvío. 

José, nombre figurado, omitiendo el verdadero por razones de seguridad, es un campesino de Camarones y explica que llevaban más de tres años en un proceso de recuperación de las tierras de la cooperativa Camarones cuando se produjo el ataque. Antes ya habían sido amenazados, desde 2023 tenían conocimiento de la existencia de planes para desplazarles; el antecedente previo al desplazamiento fue el 8 de diciembre, cuando estaban realizando labores para cercar la parte colindante con Quebrada de Arenas y fueron atacados con machetes por unos supuestos “ganaderos”. Los intentos para que la policía intermediase con el grupo atacante fueron infructuosos y el 24 de diciembre, aprovechando que casi todos los campesinos habían salido a visitar familiares y que solo habían quedado un grupo de rondines -vigilantes de la cooperativa- se produjo el ataque. Ese día se tomaron parte de la cooperativa y robaron motocicletas, luego pidieron dos mil lempiras para recuperar cada una, también quitaron ganado, carretas, un vagón del tractor y herramientas, como chapeadoras, malayos (cuchillas para el corte de la palma) y equipos de soldadura, recuerda José.

A pesar de que el 25 recibieron el apoyo de las cooperativas vecinas de El Chile y Tranvío, ese día se consumó el desplazamiento. Nos rodearon y nos dispararon, los plomos nos chiflaban y la presencia policial no tuvo efecto alguno, rememora José.

La aparente calma volvió a romperse el 27 de enero cuando Los Cachos atacaron simultáneamente las cooperativas El Chile y Tranvío. En el predio de esta última es donde la Cooperativa Camarones tiene su colonia desde antes del desplazamiento porque los terrenos de Camarones se inundan periódicamente, por eso, ese segundo ataque lo vivieron con especial intensidad. Durante el ataque uno de los compañeros de Camarones fue herido de bala en el pie. En esa ocasión, la policía respondió y gracias a la presencia de una black mamba, vehículo blindado policial, los atacantes retrocedieron y pudieron recuperar un compañero secuestrado y torturado en el ataque.  El 29 de enero continuaron los ataques contra los cooperativistas en medio de una campaña en redes sociales, José afirma que los atacantes recibieron el apoyo de otro grupo, los Canechos, y que incluso de la planta de Dinant salieron treinta hombres armados.

Desde el desplazamiento ha transcurrido casi un año de intenso trabajo de Plataforma y COPA para recuperar sus tierras que empezó el 25 de diciembre cuando interpusieron la primera denuncia ante la Policía. El 27 de diciembre intentaron acceder, en compañía de dos periodistas, por el portón 1, por el lado de Salamá, pero empezaron a atacarles “a bala viva escondidos detrás de las matas de las palmeras”. El 6 de enero, intentaron de nuevo llegar a la finca por el portón número 3, en esa ocasión no les atacaron con balas, pero sí con piedras, alrededor de veinticinco campesinos fueron heridos de piedra y hasta los policías salieron golpeados. Después se movilizaron en el Aguán y en Tegucigalpa donde llegaron a permanecer acampados más de una semana frente a la Corte Suprema de Justicia.

Los sucesos que narra José han sido confirmados por la justicia hondureña que durante este año ha procesado a diferentes miembros de Los Cachos que actualmente se encuentran en prisión provisional pendientes de juicio, incluido su presunto cabecilla Lesli Filimón Escobar. Sin embargo, no han conseguido que se desaloje a este grupo criminal que explota la palma aceitera y la vende a las plantas extractoras próximas y que estaría reconfigurándose con nuevos cabecillas.

Esta situación de desamparo e impunidad que vive el campesinado en el Aguán es resultado de un proceso histórico. El proyecto reformista liberal iniciado por Estado hondureño a finales del SXIX favoreció una política concesionaria, antecedente de las actuales maquilas y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), hacia los inversionistas extranjeros que provocó que compañías estadounidenses coparan la mayoría de las tierras de esta región entre 1919 y 1929 con el auge de la industria bananera. A partir de 1930 con las enfermedades del banano, como la Sigatoca, las transnacionales norteamericanas abandonaron estas tierras estableciéndose en otras regiones de la costa del Pacífico como en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador.

Ruy Díaz y Germán Zepeda señalan en su libro “Todavía estamos en deuda con la lucha campesina en el Aguán por la reforma agraria” que a partir de 1940 la zona se consideraba no apta para el desarrollo de cultivos por la enorme cantidad de pantanos y enormes lagunas, estas tierras pasaron al poder del estado y de terratenientes nacionales que se dieron cuenta que la Standard Fruit Company había dejado las tierras se apoderaron de ellas.

En los años 70 del siglo XX comenzó un proceso de reforma agraria que adjudicó tierras al campesinado que vino acompañado de un proceso de migración inducida a esta región en la que llegaron personas de diferentes partes del país sin recibir apoyo alguno. Después, durante la fase neoliberal de los años 90, una contrarreforma hizo que los terratenientes se apropiasen irregularmente de una parte significativa de esas mismas tierras. Las fincas que habían sido adjudicadas a cooperativas fueron objeto de un proceso de reversión con la Ley de Modernización del Sector Agrícola en el que los terratenientes y grandes empresarios rurales se quedaron con las mejores tierras.

Díaz y Zepeda describen este proceso en el que se mezcló la falta de acompañamiento del Estado a la reforma agraria, la privatización de servicios, la falta de asistencia técnica y crediticia, la eliminación de aranceles, las prácticas del empresariado que recurrió a diferentes mecanismos para la apropiación de las tierras – desde el soborno de los dirigentes de las cooperativas, las amenazas y asesinatos de quienes se negaban a vender, control de jueces y fiscales hasta el control de los gerentes de los bancos – y la intervención del ejército, todo ello en un escenario de rebaja del precio de la palma de un 40% en los mercados internacionales que condujeron a que miles de hectáreas pasaran a manos de los terratenientes y miles de campesinos sin tierra terminaran convertidos en jornaleros de los nuevos dueños. Según el testimonio del padre Ismael Moreno, que ambos autores recogen en su libro, en 1984 comenzó el auge de las palmeras y en la región se alcanzó la máxima expresión de represión militar y política, auge del comercio y presencia militar, convirtiéndose la región en zona entrenamiento del ejército norteamericano, tropas de élite del ejército salvadoreño, tropas de la contrarrevolución nicaragüense y ejército hondureño. Era un periodo de mucha convulsión en Centroamérica y Tocoa y el Aguán el centro político-militar y económico del país.

A pesar de este contexto de represión, el proceso de recuperación de tierras de la reforma agraria vendidas fraudulentamente se retomó y desde 1997, las organizaciones campesinas como COPA y Plataforma Agraria comenzaron a investigar actos ilegales y, a partir del año siguiente, las primeras cooperativas interpusieron demandas judiciales para recuperar las tierras perdidas.

La frustración por la falta de resultados fue la razón por la que el campesinado pasó a realizar acciones de presión y movilización directa. Desde inicios del siglo XXI, una nueva etapa de luchas campesinas se reactivó y, en febrero de 2006, días después del inicio del gobierno de Manuel Zelaya, los campesinos tomaron pacíficamente la carretera en Tocoa (conocida como la “Toma de los Cinco Mil Machetes”), 36 horas después llegó una comisión del Estado con la que firmaron un acuerdo que no se cumplió.

El proceso de recuperación de tierras desencadenó una respuesta de violencia y represión, especialmente virulenta tras el golpe de estado de 2009, en la que los terratenientes utilizaron al ejército, la policía, guardias de seguridad y paramilitares para desalojar a los campesinos. Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras causó el asesinato de más de 200 personas organizadas en la lucha por la defensa de la tierra. Solo en 2025, la cifra de fallecidos asciende a 11.

En este difícil contexto, las luchas agrarias han podido mantenerse en la región principalmente por el trabajo de organizaciones como Plataforma Agraria y COPA. Esa es la razón por la que después de un año de desplazamiento las campesinas y campesinos de Camarones han podido resistir en las cercanías de los terrenos que les han sido despojados.

José explica que Plataforma Agraria se ha encargado de apoyarles para resolver necesidades básicas. Disponen de una cocina colectiva donde preparan los alimentos y los reparten entre las familias; en la educación fue muy difícil porque muchos de los niños estaban en la escuela de Quebrada Arenas pero con el desplazamiento se dio una campaña de odio contra la Plataforma y no los atienden, no obstante la mayoría de los niños y niñas acuden a la escuelita del Tranvío que la propia cooperativa organiza encargándose de traer a un maestro; la sanidad también se ha visto gravemente afectada porque en el centro de salud de Quebrada Arena no les quieren atender por indicaciones del grupo de Los Cachos.

Después de 80 años de la publicación de la novela “Prisión Verde”, de Ramón Amaya Amador, un auténtico referente literario y político del movimiento obrero hondureño, ambientada en la región del Aguán, su argumento no ha perdido vigencia y a día de hoy en la región se mantiene la explotación laboral, violencia, miseria y despojo de tierras, así como la necesidad de unirse en la resistencia colectiva ante la represión violenta. Los tentáculos de las empresas bananeras que en la obra literaria se designaban como “el Pulpo” y que transformaban las fincas en una verdadera “prisión verde” son, en la actualidad, los de terratenientes y grupos criminales que controlan un territorio saturado de fincas palmeras, despojando y desplazando al campesinado, como los pobladores de Camarones, que en la actualidad sustituyen la figura de los peones bananeros en la novela.