Artículo de Akira Lozano, acompañante internacional de Derechos Humanos de Peace Watch Switzerland en Honduras.

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Palma africana y derechos humanos: una historia de despojo y resistencia en Tocoa, Colón

En las tierras fértiles del norte de Honduras, el verdor de las plantaciones de palma africana esconde una realidad profundamente dolorosa: violencia, despojo y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Bajo el discurso del desarrollo y el progreso económico, comunidades enteras han sido desplazadas, mientras personas campesinas, lideresas, líderes y defensoras y defensores del territorio enfrentan una creciente criminalización, amenazas constantes y asesinatos selectivos. La industria palmera —sostenida por intereses empresariales y, en muchos casos, por la complicidad del Estado— ha sembrado no solo monocultivos, sino también miedo, impunidad y dolor.

Este es el tercer y penúltimo artículo de una serie dedicada a distintos aspectos del modelo agroindustrial de palma africana en Honduras. El texto visibiliza las graves violaciones a los derechos humanos provocadas por un sistema que antepone intereses económicos al bienestar de los pueblos y a la integridad de sus territorios. A partir de nuestro acompañamiento en el municipio de Tocoa, Colón y particularmente en el Bajo Aguán, hemos documentado cómo este modelo extractivo se impone de forma violenta sobre comunidades organizadas que resisten desde la dignidad, la memoria y la defensa colectiva del territorio.

Tocoa, epicentro del monocultivo y la violencia

La expansión del monocultivo de palma africana en Honduras se concentra principalmente en el litoral atlántico, especialmente en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro. El departamento de Colón —y de manera particular el municipio de Tocoa— se ha convertido en el epicentro de este modelo extractivo, concentrando más del 51 % de la superficie nacional dedicada a este cultivo. A lo largo de la costa norte, extensas plantaciones han reemplazado territorios ancestrales, tierras campesinas y ecosistemas vitales, alterando radicalmente el tejido social y ambiental de la región.

Desde nuestra labor de observación y defensa de los derechos humanos, nosotras y nosotros hemos acompañado de forma cercana y sostenida a organizaciones como la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. En este trabajo territorial hemos documentado múltiples violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra comunidades organizadas que defienden sus territorios frente al avance del monocultivo de palma africana y otras actividades extractivistas que amenazan su forma de vida, sus bienes comunes y sus procesos de autonomía.

Del reparto agrario al monocultivo: raíces históricas del conflicto

La historia del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán tiene sus raíces en las políticas agrarias implementadas en el siglo XX. A través del llamado “Proyecto Aguán”, se establecieron asentamientos destinados a fomentar la autosuficiencia agrícola. Las tierras eran intransferibles por ley y no podían ser vendidas de forma individual, ya que estaban protegidas bajo un régimen de propiedad colectiva establecido por la reforma agraria.

Este modelo fue desmantelado en 1992 con la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto 31-92). Esta legislación, impulsada bajo la lógica neoliberal de la época, legalizó la compraventa de tierras adjudicadas por la reforma agraria, lo que abrió la puerta a un proceso acelerado de acumulación de tierras por parte de empresas agroindustriales. En las décadas siguientes, numerosas cooperativas campesinas se fragmentaron y vastas extensiones de tierra fueron transferidas a sectores empresariales, muchas veces mediante presiones económicas, amenazas o mecanismos legales poco transparentes.

Frente a esta ola de despojo, comunidades campesinas comenzaron a organizarse y a reclamar la recuperación de sus tierras, marcando el inicio de un conflicto estructural que se ha profundizado con el tiempo.

De la contrarreforma al despojo armado: cronología de la violencia e impunidad

2009–2012

Tras el golpe de Estado de 2009, se intensificaron los procesos de recuperación de tierras impulsados por organizaciones campesinas. La respuesta fue una fuerte militarización, desalojos violentos y criminalización de la protesta social. Se abrió así un nuevo capítulo de violencia en el Bajo Aguán.

Durante este período, el Bajo Aguán vivió una de las etapas más sangrientas del conflicto agrario. Según Human Rights Watch (2014), se registraron al menos 92 asesinatos relacionados con disputas por tierra en el contexto de la expansión del monocultivo de palma africana. Las víctimas fueron principalmente personas campesinas organizadas y liderazgos comunitarios. Las denuncias por represión y abusos cometidos por fuerzas de seguridad estatales y privadas fueron constantes.

En el mismo contexto, un informe presentado ante el Parlamento Europeo documentó 42 asesinatos adicionales, incluyendo el de un periodista local y su pareja, en hechos vinculados a la actuación de fuerzas de seguridad privadas contratadas por empresas agroindustriales. Estos casos reflejan los altos niveles de riesgo que enfrentan quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos en la región.

En vez de investigar y sancionar los crímenes cometidos contra la población campesina, se ha observado una tendencia clara a criminalizar la lucha campesina y militarizar la zona. Entre principios de 2010 y julio de 2011, por lo menos 162 campesinos miembros de organizaciones del Bajo Aguán fueron procesados, principalmente por los cargos de usurpación y hurto de fruto de palma africana. Por lo menos 80 campesinos fueron encarcelados temporalmente por estos supuestos delitos.

2022–2025

Más de una década después, la violencia persiste en el Bajo Aguán. Entre 2022 y 2025, organizaciones independientes han documentado al menos 60 asesinatos en esta región del norte de Honduras. De estos casos, al menos 15 corresponden a campesinos organizados en procesos de recuperación de tierras, asesinados en el marco de una represión sistemática contra quienes defienden el derecho al territorio. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 4 asesinatos más, lo que evidencia una continuidad alarmante de la violencia.

Esto ocurre a pesar de que en febrero de 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un acuerdo con el movimiento campesino del Bajo Aguán para avanzar hacia una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, liderazgos denuncian que el pacto ha sido infructuoso, debido a la fuerte influencia de los intereses agroindustriales, que —según testimonios locales— continúan operando a través de grupos armados ilegales y estrategias de despojo territorial.

Con más de 200 muertes registradas en tres décadas relacionadas con la disputa por tierras campesinas, las organizaciones sociales exigen una intervención estatal real y efectiva, así como el desmantelamiento de estructuras económicas y militares que sostienen un modelo de despojo y violencia estructural en la región.

La impunidad como política de Estado

Desde nuestra presencia en el territorio, hemos constatado que los órganos estatales responsables de investigar estos crímenes carecen no sólo de recursos técnicos y humanos, sino de voluntad política. Incluso en un país donde la impunidad es estructural, resulta especialmente grave que ni siquiera se activen mecanismos básicos de investigación ante amenazas, ataques o asesinatos de personas defensoras del territorio.

Esta omisión no puede considerarse un simple descuido. Es, más bien, una forma de violencia institucional —e incluso de complicidad— con los intereses económicos que sostienen el modelo agroindustrial vigente, un modelo que privilegia la acumulación y el despojo por encima de la vida, la justicia y los derechos de los pueblos.

Llamado a la acción y la responsabilidad empresarial: el aceite de palma manchado de sangre

Frente a esta realidad de despojo, violencia e impunidad, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, movimientos sociales y a la ciudadanía consciente: a sostener la mirada sobre el Bajo Aguán y sobre todos los territorios de Honduras afectados por el avance del monocultivo, la militarización y la criminalización de la defensa del territorio. Es imprescindible exigir justicia por cada vida arrebatada y respaldar las luchas legítimas de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que defienden la tierra y los bienes comunes. La memoria, la solidaridad activa y la presión colectiva son herramientas fundamentales para romper el cerco del silencio y la impunidad.

Al mismo tiempo, es indispensable hacer un llamado directo a las empresas que compran aceite de palma en Honduras y en otros países con antecedentes documentados de violaciones a derechos humanos: no pueden seguir operando con los ojos cerrados. Basta con una búsqueda básica para encontrar denuncias sobre desalojos forzosos, asesinatos, criminalización y represión contra comunidades enteras. Muchas veces, el aceite que termina en productos de consumo masivo lleva consigo el peso de sangre derramada. Si realmente creen en la sostenibilidad y en una ética empresarial responsable, estas empresas deben asumir el compromiso de investigar su cadena de suministro, exigir trazabilidad y garantizar que el respeto a los derechos humanos esté presente en cada eslabón del proceso.

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^{Leyenda de la imagen de portada: Letrero de Violaciones de Derechos Humanos en Honduras, Imagen PWS (generado con ChatGPT)}