Suyana Siles, acompañante internacional de Derechos Humanos de Peace Watch Switzerland (PWS) en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Ante el creciente número de desalojos violentos de las/los campesinos e indígenas en los últimos meses, diez organizaciones civiles de Honduras se han unido en julio para formar el Bloque Popular Campesino e Indígena.

Cuando se dio el cambio de gobierno en Honduras en enero 2022, las esperanzas estaban puestas en que por fin se respetarían los derechos humanos de la población. También las/los campesinos e indígenas esperaban una mejora significativa de su situación, porque su situación es precaria. El 63 % de la población del sector rural vive en la pobreza, el 50 % de ellos en la pobreza extrema. Los derechos humanos de este grupo de población se ven amenazados de varias maneras. A menudo, las/los campesinos e indígenas carecen de los documentos legales de las tierras que ocupan, son víctimas de desalojos violentos y de procesos penales injustificados, y también están expuestos a la intimidación y la violencia de los grandes industriales. Pero, a pesar de estas amenazas, las/los campesinos e indígenas luchan por sus derechos. En Honduras, hay muchas organizaciones civiles locales y nacionales que se esfuerzan por el acceso a las tierras agrícolas, la preservación del ecosistema y una justicia penal imparcial.