HONDURAS. En Namasigüe, un municipio ubicado en el Sur de Honduras, la acción depredadora de la naturaleza ejercida por las industrias extractivas mediante la instalación de plantas fotovoltaicas es el foco de conflicto en la zona conocida como “Los Prados”. Muchas de estas plantas se han instalado sin informar a las y los pobladores sobre su operación, cuyos efectos negativos pueden afectar la salud y los medios de vida de sus habitantes sin dejar de lado el daño ambiental de la flora y fauna de la misma comunidad.
La corrupción ha sido parte inherente desde el nacimiento de estas empresas energéticas: muchas de ellas fueron creadas pocos meses antes de la licitación y sus directores y altos cargos eran funcionarios del gobierno utilizando testaferros para maquillar la asignación ilícita de concesiones y licencias. Esto concluye la UFECIC-MACCIH en el caso fraude sobre el proyecto del Rio Gualcarque, siguiendo el mismo patrón la mayoría de proyectos de “energía limpia”.
Muchas comunidades han protestado por esta situación y enfrentaron una fuerte represión, llegándose a criminalizar a más de 22 líderes y lideresas comunitarias en defensa del territorio en el municipio de Namasigue. Otros efectos negativos para la población que resultan de estos proyectos son dolores de cabeza frecuentes, altas temperaturas, impacto ambiental negativo ante la pérdida de flora y fauna y las fuentes de agua. La realidad es todavía peor, ya que hay la amenaza de que estas empresas instalen más plantas fotovoltaicas en otras comunidades del municipio.
Ante esta situación, habitantes de diversas comunidades y aldeas de Namasigüe se han organizado y han considerado desarrollar una iniciativa de consulta, contando con el apoyo de organizaciones locales y nacionales expertas en la materia. A finales del mes de julio de 2019 se ha iniciado una etapa inicial de censo-encuesta con 4 preguntas para conocer la opinión de las y los habitantes acerca de si desean o no que en su municipio se instalen proyectos mineros y de plantas solares.
Durante una semana PWS acompañó este proceso y visitamos la comunidad de La Bonanza, donde la gente abre amablemente las puertas de sus casas a las personas que ejecutan el censo. Es una comunidad que conoce muy bien los efectos negativos de las placas fotovoltaicas, como, por ejemplo, el calor excesivo seguido de períodos de sequias más prolongados.
También es una comunidad empoderada que sabe que es el pueblo quien ha de decidir sobre el uso y la gestión de los bienes naturales del municipio. Así nos lo confirma una habitante de Bonanza, Doña W., quien al realizar el acompañamiento y visitar su casa manifiesta abiertamente que no desea la instalación de placas fotovoltaicas: “el pueblo es el que va a decidir y si no quiere, no se hará” (refiriéndose a la instalación de más fotovoltaicas).
Pero el temor también es parte del diario vivir de las y los habitantes de las comunidades y aldeas. Temor de volver a ser engañados. Temor de que su opinión, como en muchas otras ocasiones, no sea escuchada. Don C., habitante de la comunidad, quien al realizarle el censo pregunta: “¿tengo que firmar?, no me gustan mucho estas cosas, ya que otras veces nos han venido a hablar de proyectos y nos han hecho firmar, pero se ha hecho lo contrario de lo que queríamos”.
Esta reacción de Don Carlos nos da un ejemplo de que las empresas extractivas nunca consultan ni informan sobre la instalación de sus proyectos y no solamente esto, ya que en muchas ocasiones si las/los habitantes de la comunidad rechazan la ejecución del proyecto y realizan acciones de resistencia, son fuertemente intimidados y reprimidos, y las empresas, en un empeño ilegal de instalarse, intentan dividir a la población hablando de los supuestos “efectos positivos y de desarrollo” para la comunidad.
La realización del censo-encuesta es un primer paso que culminará con la realización de una consulta popular en la que las y los habitantes de las aldeas y comunidades de Namasigüe podrán expresar libremente y sin presiones si desean o no que en su municipio se lleven a cabo nuevos proyectos mineros y de energía fotovoltaica.
Equipo de PWS, Tegucigalpa
Foto: ©Asociación de Mujeres en Defensa de la Vidas (AMDV), 2019.
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