Que el Coronavirus es una pandemia que afecta a los más desfavorecidos es una realidad porque quien puede quedarse en casa confinado/a tiene una serie de privilegios que No tienen la mayoría de las personas en el mundo.Esta realidad la conocen muy bien muchas y muchos hondureñas/os que viven con menos de un dólar al día, dinero que es fruto del trabajo en la venta ambulante (baleadas, frescos, frutas, tortillas, etc).
Quizás una realidad de la que poco se habla es de las personas migrantes que circulan diariamente por Choluteca, una ciudad del sur de Honduras, que es paso fronterizo con Nicaragua y se sitúa a pocos kilómetros de El Salvador, por ello es un lugar propicio para las personas migrantes procedentes de las Islas del Caribe (Haití y Cuba) y de varios países de África, quienes actualmente en tiempos de pandemia están en esta ciudad “retenidos/as” a la espera de que a través del Centro de Atención Integral de Migración se les pueda extender un salvo conducto que les permita continuar su travesía hasta llegar al país de destino (América del norte) aunque no saben hasta cuándo se va a poder gestionar pues la mayoría de las instituciones estatales no se encuentran funcionando, además Honduras[1] ha suscrito con el Gobierno de Donald Trump un acuerdo de tercer país seguro.
El pasado 30 de marzo, integrantes de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, organización que acompaña PWS en diversos casos judiciales, se trasladaron a la zona de Choluteca donde se encontraban las y los migrantes en una situación de temor, sin organización y en algunos casos desconociendo el idioma. Eran un total de 97 personas, 50 hombres y 47 mujeres, entre ellos 24 africanos y 73 haitianos, de los mismos 14 niños/as con edades comprendidas entre los 6 meses y los 3 años, 6 mujeres embarazadas.
Desde la red de abogadas se identificaron tres problemáticas: encontrar un lugar de estadía para las y los migrantes, que la policía les permitiera a los migrantes regresar a los hogares (habitaciones particulares que rentan por días) para que puedan pasar la cuarentena; frenar las agresiones empleadas por parte de la policía contra los migrantes y dueños de las casas y conseguir un albergue que diera alojamiento aquellos migrantes que no tenían recursos económicos para pagar su estadía y así mismo, proporcionarles un hogar a los niños y niñas y mujeres embarazadas en situación de mayor vulnerabilidad.
Tras aunar esfuerzos con otras organizaciones nacionales como OFRANEH (Organización Fraterna de Negros en Honduras), Cruz Roja y Hogar la Esperanza y también con algunos organismos públicos como la Dirección Nacional de la Familia (DINAF), la Municipalidad de Choluteca y la policía nacional de esta ciudad, se ha permitido que las y los migrantes regresen a sus casas de habitación y aquellos/as que no contaban con recursos económicos para seguir rentando se les ha podido reubicar en el hogar de la Esperanza. También se repartieron víveres, ropa y se dispensó atención médica para embarazadas y niñas/os. Asimismo, la red de abogadas presentó denuncias públicas a través de las redes sociales contra los policías por extorsionar a los migrantes.
© PWS
Tegucigalpa, Mireia Izquierdo, 12 de abril 2020
[1]Hondura suscribe acuerdo de tercer país seguro: https://criterio.hn/familiares-de-migrantes-desaparecidos-presentan-recurso-de-amparo-contra-acuerdo-de-tercer-pais-seguro/
La leyenda de la foto de portada: colección de ropa © PWS
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