El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) organización acompañada por Peace Watch Switzerland (PWS), se encuentra presente en diversas comunidades en resistencia a proyectos extractivos, en esta oportunidad nos comparten su análisis con respecto a la situación de emergencia que se está viviendo en estos territorios organizados en lucha, a partir de las medidas que se toman en el país para combatir la propagación del covid-19.
En la crisis que vive Honduras, las medidas de abordaje y atención a la pandemia, han venido a profundizar las desigualdades en los territorios indígenas y campesinos, quienes ya cuentan con una situación de vulnerabilidad por la pobreza, la marginación y el abandono estatal, que afecta principalmente al acceso a la alimentación y a la salud. Otro factor de vulneración que se suma a la desigualdad, es la violencia que ejerce el modelo extractivista hacia las comunidades, como la persecución, la criminalización y el asesinato a líderes y lideresas del territorio. En este contexto, las complicaciones que observa el MADJ, parten principalmente, de las medidas que el gobierno nacional lleva adelante, como el toque de queda absoluto, la ayuda destinada a la asistencia en alimentación y salud.
De acuerdo con el MADJ “el toque de queda vulnera aún más a los pueblos”, ya que, por un lado, los territorios que comercian con sus cosechas, ahora se ven impedidos de salir a vender sus producciones, viéndose imposibilitado el ingreso principal de la economía de los pobladores de estas comunidades. Por otro, hay territorios que no forman parte de las rutas de abastecimiento comercial de productos, y tampoco pueden desplazarse a buscar los alimentos (o insumos) que no se encuentras disponibles en sus comunidades, atentando de esta manera contra el sustento diario de las familias.
Sobre esta situación que se vive en las comunidades para lograr el abastecimiento de alimentos, el MADJ puntualiza su preocupación por las personas de las comunidades que deben recorrer grandes distancias en la búsqueda de suministros, ya que consideran que la medida de restricción de libre circulación expone a la criminalización a quienes deben desplazarse, pues la sanción a la circulación es la detención, y siguiendo los antecedentes del accionar policial en estos territorios, esta medida solo funciona de escudo al aumento de detenciones y abusos por parte de los elementos de seguridad del Estado a los miembros de las comunidades en lucha.
En cuanto a la ayuda que envía el gobierno nacional bajo el programa “Honduras solidaria”[1], nuestros acompañados nos comentan que “la asistencia ha llegado con el listado del Partido Nacional (partido oficialista), y no para los grupos en lucha”, lo cual refuerza la vulnerabilidad de la población a acceder al derecho a la alimentación que el Estado debe garantizar sin distinguir la posición política.
Al respecto del área de salud nos expresan que “la situación de los centros de atención pública es irregular y se encuentran desabastecidos. Existen cobros extras por parte de algunos agentes de salud, y no hay rol activo de la secretaria ante esta situación”. Aún que, en las comunidades organizadas en el MADJ, aún no se han reportado casos positivos en covid-19, el área sanitaria es sumamente preocupante ya que el acceso a la salud, es parcial y ante una emergencia sanitaria como la que se vive, no existe una capacidad de respuesta a la atención. Como medida paliativa ante esta emergencia, el MADJ conjuntamente con un grupo de médicos, asignó a cada territorio un médico para consulta online, por telefonía celular para poder abordar algunas cuestiones en cuanto a recomendaciones de salud frente a esta pandemia y sobre todo a despejar dudas con respecto a la información que llega a las comunidades.
Esta medida también resulta estratégica para el abordaje de otro punto problemático que los integrantes del MADJ observan para la comunidades indígenas y campesinas, y es “el limitado acceso a la información o la desinformación que las comunidades tienen sobre el virus”. Esto se debe, por un lado, a la una escasa infraestructura (como internet, cable o energía eléctrica) que facilite la circulación de información, pero principalmente se debe a que “el gobierno no ha hecho la definición de protocolos específicos para las poblaciones y territorios indígenas”, lo que favorecería la adaptación de las medidas sanitarias y económicas a las condiciones y formas de vida de las comunidades.
A criterio de nuestros acompañados “la suspensión de las garantías constitucionales habilita la violación de derechos “, refiriéndose a los efectos del toque de queda en los territorios y manifiestan la necesidad de modificar los actuales procedimientos de atención y prevención que se basan en “protocolos que no están pensados fuera del área urbana”, que generan un déficit en la efectividad de las medidas aplicadas y vulneran el acceso a derechos fundamentales de una población que cuenta con el reconocimiento a su diversidad social y cultural.
Tegucigalpa, Evelina Vargas, Abril 2020
Foto de portada: © MADJ
[1]Programa Honduras Solidaria: https://criterio.hn/transferencias-estrategia-politica-del-partido-nacional-o-apaciguar-las-aguas-para-joh/
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