Una de las primeras medidas implementadas por el régimen de Honduras en el marco de la crisis generada por el Coronavirus, fue la creación de una plataforma virtual[1] desde la secretaria de MIAMBIENTE, con el propósito de continuar promoviendo la inversión en el país, se trata de una plataforma para poder tramitar permisos de licencia ambiental para proyectos extractivos, proyectos que han generado una grave conflictividad social en Honduras en los últimos años.

A criterio del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) esta medida responde a las presiones de sectores empresariales quienes valiéndose de la situación de crisis que vive Honduras, visualizan una oportunidad para profundizar la entrega del territorio, mientras la mayoría de la población y los pueblos ancestrales desarrollan medidas preventivas para evitar el contagio.

A criterio del MADJ, esta acción evidencia 2 problemáticas referente a la vulneración de derechos humanos:

1. La activación de plataformas digitales para iniciar los procesos de licitación, medida que favorecerá al normal funcionamiento de los procesos de otorgamiento de permisos de operación a empresas, y a su vez “beneficia a la falta de consulta previa a los pueblos”, lo que representa una vulneración de los derechos de las comunidades que se encuentran en los territorios donde las empresas pretenden instalarse o continuar. En esta misma línea, por resolución del gobierno, las licencias otorgadas a empresas que habilitan su actividad y que vencieron en este período, quedarán vigentes durante el tiempo que dure la situación de emergencia.
2. El toque de queda se aplica de manera selectiva, las empresas podrán continuar su actividad en los territorios. En el caso de Locomapa, comunidad tolupana en el departamento de Yoro, la empresa no cesa la extracción y la circulación de sus empleados y maquinarias, sin ser detenidos por las fuerzas policiales y militares presentes en la zona. No sucede los mismo con la actividad local de los pobladores, donde el toque de queda impide la realización del trabajo independiente y se teme que la prolongación de la medida reduzca la generación de oportunidades laborales y promueva una nueva ola migratoria.

En lo que respecta a los procesos judiciales, el MADJ  que representa legalmente  a varios pueblos, valora como perjudicial el efecto del toque de queda ya que  “Los procesos legales están abiertos y van corriendo los tiempos procesales”, en algunos casos, la restricción de circulación, no permite que las personas involucradas en las causas, que viven en las comunidades, puedan desempeñar su rol con normalidad, ya que existe el miedo a desplazarse, ser detenidos y nuevamente criminalizados. En el caso de Pajuiles[2] en el municipio de Tela, la audiencia por el juicio que se debería realizar en este mes, ha quedado suspendida y sin una reprogramación concreta, lo que representa una suspensión del acceso a la justicia para este pueblo.

Las prioridades del gobierno nacional son claras, el coronavirus no es motivo para frenar la entrega del territorio, de esta forma se continúa abriendo puertas a los proyectos extractivos en toda Honduras. El escenario de vulneración de derechos se agudiza. 

Tegucigalpa, Evelina Vargas, Mayo 2020

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Foto de portada: © MADJ

[1] Noticia Criterio: https://criterio.hn/gobierno-de-honduras-crea-plataforma-digital-para-no-detener-los-proyectos-extractivos/

[2] Pajuiles libre de minería: https://wp.radioprogresohn.net/tela-se-suma-a-los-municipios-libre-de-proyectos-extractivistas/