Artículo de Mireia Izquierdo Prado, Coordinadora del programa de Acompañamiento Aco-H de PWS. Tegucigalpa, Honduras

Asesinan a una joven de la Esperanza en una comisaría tras ser detenida en febrero de 2021 por supuestamente violentar el toque de queda impuesto por el Gobierno con fin de “evitar la propagación del Covid-19”.

Así dice la letra de la canción de una de mis cantantes feministas favoritas, Sara Hebe. Nunca imaginé que como acompañante de Derechos Humanos iba a acompañar un caso así, donde la   policía detuvo a una chica en la Esperanza y luego apareció muerta en la celda, alegando que se suicidó. Inevitablemente en mi cabeza resonaba: Nadie se suicida en una comisaría, no, Keyla no se suicidó, la policía la mató. Y nos matan; nos matan por ser mujeres.

Como miembra de PWS, organización de acompañamiento físico internacional, he estado acompañando el proceso judicial de este feminicidio. Del 22 al 29 de septiembre tuvo lugar el juicio oral y público en el Juzgado Penal de Siguatepeque y pude observar una justicia y un tribunal patriarcal y misógino, con estereotipos de género en la valoración de las pruebas y en los/las operadores de justicia, que ponen el foco en la víctima haciéndola merecedora de su propia muerte con preguntas como “el hecho de haber tomado y bajo ese estado de embriaguez, en el contexto de pandemia y bajo el toque de queda, ¿es posible que en una situación tan abrumadora pudiera tomar una decisión tan extrema?”, la respuesta de la perito forense psicóloga y del forense psiquiatra fue contundente: no. Porque no, Keyla no se suicidó. Keyla era una joven como miles y millones que queremos salir, que queremos beber, que queremos bailar, que queremos vestirnos como nos de la gana. Pero no, no podemos, nos culpan, nos señalan, nos matan…

El feminicidio de Keyla es un claro ejemplo de la violencia generalizada que mujeres y niñas enfrentan en Honduras. Según el Observatorio de violencias contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 28 de septiembre del presente año se han registrado un total de 211 muertes violentas de mujeres y la gran mayoría quedan en la absoluta impunidad. En este sentido, el Observatorio analiza que las estadísticas muestran que entre 2019 y el 2020 se produjeron 711 muertes violentas de mujeres pero solo 205 causas entraron al sistema de justicia, que representa una judicialización del 29%.[1]

“La justicia en nuestro país, que la hemos vivido en carne propia, es una mala justicia, hay demasiada corrupción en el sistema judicial. A raíz de que exigimos justicia para Keyla fuimos objeto de amenazas”.

Estas son las palabras de la mamá de Keyla, a quien tuve la oportunidad de entrevistar el pasado 29 de septiembre en la finalización del juicio oral y público. Tras evacuarse todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las abogadas de la acusación y los abogados de la defensa, el Tribunal decretó un “receso” aduciendo que mientras la Corte Suprema de Justicia no resolviera los dos recursos de amparo que se presentaron -en los que se solicita la recalificación del delito de homicidio simple a feminicidio agravado- no se harían las conclusiones a la espera de la resolución de los recursos porque así las partes formularán sus conclusiones de acuerdo a la calificación correcta del delito.

La familia de Keyla no encuentra justicia en este ineficiente sistema judicial, tal y como manifiesta la mamá de Keyla,

“este juicio parece un circo, solo por decir que nos han escuchado pero detrás de Jarol -hasta el momento el único policía acusado del feminicidio- hay altos funcionarios y que siguen libres en sus puestos de trabajo; siguen en la misma posta donde sucedió el feminicidio de mi hija. Hicieron una hoja copiada para que todos los policías de esa posta declarasen lo mismo, que ella se suicidó. No nos vamos a cansar de exigir a las autoridades que investiguen a toda la cadena de mando aunque la Secretaria de Seguridad protege a todos esos policías. Esperamos una condena”.

A pesar de que no han sido resueltos los recursos de amparo el Tribunal convocó a las partes procesales a audiencia de conclusiones finales el pasado 17 de octubre en el Juzgado de Siguatepeque. Acompañamos a COFADEH y a los/as familiares de Keyla a la audiencia. Fue una audiencia en la que tanto el Ministerio Público como la acusación privada resaltaron que se trata de un feminicidio puesto que es una muerte violenta en base al género. El Ministerio Público indicó que este feminicidio es fruto de una “cultura arraigada donde el hombre es superior a la mujer, donde hay una dominación del hombre y esto lo encontramos en este caso donde Harold desvaloriza la figura de la mujer, la ve sumisa y de menor posición social”. También coinciden el Ministerio Público y la acusación privada de que el feminicidio es agravado ya que había una clara relación desigual entre Keyla y Jarol, en la que ella estaba detenida, sola en la celda y vulnerable y donde él era la máxima autoridad y estaba armado.

La abogada de la acusación privada del área de acceso a la justicia de COFADEH en sus conclusiones finales también solicitó al Tribunal que inste al Ministerio Público a que se abra un proceso de investigación contra todos los agentes de policía que ayudaron a Jarol, a modificar o esconder la escena del crimen y faltaron al deber de los funcionarios, “porque lo que en ese momento correspondía era ponerlos a la orden del Ministerio Público y cuidar la escena del crimen”.

Los argumentos del abogado de la defensa fueron -a mi criterio- deleznables aduciendo que a Keyla le marcó la separación de sus padres, el que su madre tuviera que migrar a España y que le tocó cuidar de su hermana y madurar de forma temprana y que todos estos eventos traumáticos “la llevaron a tomar esa decisión fatal de suicidarse”, solicitando la absolución de Jarol.

Tras haberse evacuado las conclusiones finales, el Tribunal dio la palabra al padre de Keyla que se encontraba entre el público de la sala. Sus palabras fueron contundentes:

“jamás he creído ni voy a creer que mi hija tuviera motivos para suicidarse. Ella tenía una vida por delante, sueños y no tenía motivos para tomar una decisión de ese tipo”.

También hizo un llamado al Tribunal de hacer justicia

“no solamente por Keyla sino también pido justicia por todas las mujeres. Tienen que sanear a la actual policía para que nos den a una policía que sirva y nos proteja de verdad”.

El Tribunal finalizó diciendo que la resolución no se daría ya que la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolver dos amparos, por lo que resolverá una vez que la Corte dé respuesta a los mismos.

Como mujer, abogada feminista y acompañante de derechos humanos espero que se haga justicia en el caso de Keyla -en este y en cientos de otros casos de feminicidios-, que la Corte recalifique el delito como feminicidio agravado, que sus asesinos sean castigados y que se depure a la policía, que se les ponga el alto, que dejen de oprimir y matarnos. Y mientras finalizo este artículo vuelve a mi cabeza esa canción “nadie se suicida en una comisaría”, porque no, Keyla no se suicidó, la policía la mató #justiciaParaKeyla

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_{Leyenda foto: Celda de la posta policial donde Keyla fue hallada sin vida. El 27 de septiembre PWS acompañó a COFADEH a la inspección de dicha celda en la posta policial de la Esperanza.}

_{[1] https://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2022/03/Ficha-Femicidios-04.pdf}