Artículo de Pedro Antonio Acosta Martínez, voluntario nacional de Peace Watch Switzerland (PWS)
Tegucigalpa, Honduras
A principios de marzo de este año, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y uno de los empresarios más importantes de la ciudad, pronunció públicamente un discurso de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+. El alcalde dijo: “Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual. Me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken” Con lo que dejó en evidencia su actitud racista y despreció la lucha y la bandera de la diversidad sexual. Esto encendió una ola de discriminación que solo contribuye a precarizar aún más a un sector de la población que ya enfrenta grandes dificultades en el país.
A pesar de esto, muchos líderes y lideresas de la diversidad sexual se manifestaron valientemente en contra de sus palabras y exigieron un Estado laico que garantice la igualdad de derecho para todas las personas. Solo se encontraron con el cinismo y la negligencia de un alcalde que en repetidas ocasiones ha usado su posición de privilegio para pronunciar discursos de odio y de discriminación.
Este es solo un ejemplo de las muchas ocasiones en que funcionarios públicos utilizan su posición para discriminar a la población en disidencia sexual. Hace apenas un par de años, el entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (ahora en espera de un juicio por narcotráfico), aprovechó la conmemoración de la Independencia Nacional para arremeter en contra de la comunidad LGBTIQ+, de las organizaciones feministas y de mujeres, de los defensores y defensoras del territorio y del ambiente, a todos ellos llamándolos “enemigos de la Independencia y la Soberanía nacional”.
Más recientemente, miembros del Congreso Nacional interrumpieron con burlas y comentarios de odio la participación de Víctor Grajeda, suplente de diputado por parte del departamento de Corté y una persona abiertamente homosexual.
Estas muestras de odio que muchas autoridades no tienen reparos en mostrar se basan en la ignorancia, el fundamentalismo religioso y el prejuicio. Son solo una muestra de la violencia estructural y sistemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el país y que, con frecuencia, pasa desapercibida, pues en muchas ocasiones las personas tienen miedo de denunciar los abusos. O, y esto es lo peor, la misma violencia es percibida como algo natural e inevitable.
Por ejemplo, en el 2017, en mis años de estudiante universitario, yo solía tomar café sentado en la grama del edificio de mi Facultad. En una ocasión, mientras estaba con el que entonces era mi mejor amigo y su novio, también parte de la comunidad, tres guardias se acercaron a nosotros para pedirnos que saliéramos de la universidad. Nosotros éramos estudiantes universitarios debidamente matriculados y mostramos nuestras identificaciones, pero eso no los detuvo. Nos arrastraron a la salida, ni siquiera la principal, sino la salida trasera que pasa por un camino de tierra vacío y muy poco transitado. Yo estaba muy indignado, protesté e intenté resistirme, pero ellos eran más y yo tenía miedo. Los guardias nos insultaron y dijeron comentarios homofóbicos, dijeron que era nuestra culpa, que la universidad no era para mostrar afecto en público, que nosotros nos lo habíamos buscado. Nunca me he sentido tan impotente en toda mi vida. Y todo quedó allí, jamás lo denuncié. ¿A quién iba a acudir? ¿La policía? Solo iba a conseguir más burlas y agresiones. Pero me tomó años también saber que no era culpa nuestra, que toda violencia es socialmente construida y que debe sacarse a la luz.
Con todo, los datos son preocupantes. Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el año pasado ocurrieron 28 asesinatos relacionados con la orientación sexual e identidad o expresión de género diversa de las víctimas: cuatro lesbianas, 20 gais y cuatro personas transgénero, 30% más que en 2021[1]. De todos estos casos, tan solo cinco están bajo investigación penal, lo que refleja la insuficiente capacidad de las instituciones estatales para abordar la violencia que sufre la población LGBTIQ+.
La violencia estructural en contra de la población LGBTIQ+ también está directamente relacionada con el fenómeno del desplazamiento forzado. La Asociación de Derechos Humanos Cozumel calcula que en los últimos 8 años, un mínimo de 250 personas del colectivo LGTBIQ+ recibieron refugio humanitario en el extranjero y muchas otras más lo solicitaron sin éxito. El 9 de mayo de 2018, Roxanna Hernández, una joven trans de 33 años, ingresó a Estados Unidos con la caravana de emigrantes centroamericanos. El día 13 del mismo mes fue detenida por agentes migratorios y cuatro días después fue llevada al hospital «con neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH». La semana siguiente, falleció por un paro cardíaco. Ella era una de las 25 mujeres trans que viajaban en la caravana de mayo. Un éxodo masivo si se toman en cuenta las cifras globales de este colectivo que se estima rondan entre las 2.500 y 5.000 personas a nivel nacional[2].
Con la elección histórica de la Sra. Xiomara Castro Sarmiento como presidenta de la república, hubo una renovada esperanza en los avances que institucionalmente puede hacer el Estado de Honduras para proteger y garantizar los derechos de una población históricamente olvidada y relegada. Sin embargo, a casi dos años desde su elección, muchas cosas quedan todavía por hacer.
Todo este contexto dibuja un panorama en el que todavía mucho trabajo y mucha dedicación son necesarios. A pesar de estas dificultades, todavía hay personas maravillosas que convierten su vida en una lucha y que tienen el corazón lo suficientemente valiente como para mostrar ternura y guía a los jóvenes como yo y como tantos otros en el país. Esto me llama especialmente porque a lo largo de mi vida he sentido en mí dos ideas que a veces pueden parecer contrastantes y en oposición. Primero, la aceptación. La aceptación de la vida tal como es, del mundo en su totalidad y de las personas tal como son. A la luz de esta idea, se erige la injusticia tan alta como la belleza. Pero esta aceptación no debe confundirse con la complacencia, pues la segunda idea es de igual o de mayor poder: que uno no debe jamás, en su propia vida, aceptar estas injusticias como un lugar común, sino luchar contra ellas con todas las fuerzas que se tiene. Esta lucha comienza, sin embargo, en el propio corazón y en nuestra vida misma.
De esta manera, deseo recordar cuando, a los 19 años, asistí por primera vez a un conversatorio sobre diversidad sexual. Allí estaba Abigail Galindo, mujer trans de casi 60 años y que es una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Su lucha y su vida (son la misma cosa) me inspiran hasta el día de hoy. Quiero mencionar a Dylan Duarte, hombre trans y médico que realiza una labor incansable por eliminar los estigmas a los que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+ al acudir a un centro asistencial. Quiero hacer mención a Dany Barrientos, quien dirige el proyecto “Honduras Cuir”, una iniciativa de rescate de la memoria histórica LGBTIQ+ en el país. Su trabajo, y el de muchos otros, nos inspiran a seguir luchando por la Honduras que todos merecemos.
[1] OACNUDH (2023), Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Honduras.
[2] PBI y MUNDUBAT (2023), La defensa de la diversidad sexual y los derechos humanos en Honduras, Edición Voces Defensoras, Honduras.
Foto: Organizaciones feministas y de diversidad sexual marchan en Tegucigalpa. Fuente: Peace Watch Honduras, 2023
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