La situación de la región del Aguan en el norte de Honduras se encuentra en crisis casi permanente

Artículo de Mireia Izquierdo, coordinadora del acompañamiento internacional de Derechos Humanos de Peace Watch Switzerland (PWS) en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras, principios de diciembre 2021

El pasado 10, 11 y 12 de noviembre PWS junto a otra organización internacional de acompañamiento, Witness For Peace, realizamos una gira para conocer varias cooperativas campesinas que forman parte de la Plataforma Agraria del Aguan. La Plataforma Agraria, con sede en Tocoa, es una red nacional de más de 30 organizaciones, cuyo objetivo principal es logar cambios en las políticas públicas a favor de los campesinos y campesinas a través de la Ley de Transformación Agraria Integral presentada al Congreso Nacional de Honduras en 2011.

La situación de la región del Aguan, en crisis casi permanente desde siempre, es cada vez más y más precaria para los y las campesinas a raíz de la publicación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992 que hizo que las tierras se vendieran en muchas ocasiones de forma fraudulenta haciendo que estas se concentrasen en manos de empresarios agrícolas cuyo objetivo es el monocultivo (palma africana en su mayoría) y supuso el consiguiente despojo de sus tierras a los/as campesinos/as.

Según datos del COCOCH4, entre 1990-1994 fueron vendidas 30,587 hectáreas del fondo de la reforma agraria. De ese total, 20,930 hectáreas, es decir, el 73.8% corresponden al departamento de Colón. Según un estudio de Cespad, de las 54 cooperativas y empresas asociativas de palma africana organizadas en el proceso de la reforma agraria, sólo 9 no sucumbieron al proceso de venta-compra de tierras.

Es esta situación de despojo la que ha hecho que muchos y muchas campesinos/as hayan decidido agruparse en empresas cooperativas campesinas para recuperar lo que les pertenece: sus tierras que han sido de ellos y ellas por años, que son quienes con sus manos y su sudor la han trabajado. En una de ellas, el Remolino, se encuentra recuperando sus tierras (cuya extensión es de 1.185 hectáreas) desde el pasado 21 de octubre. Durante el acompañamiento pudimos observar que aproximadamente unas 200 personas miembras de la cooperativa se encuentran recuperando sus tierras habitándola en familia con casitas construidas con techos de plástico, palos y hojas de palma. Nos manifiestan que la situación ha sido compleja desde el primer día que entraron en sus tierras para recuperar la posesión y que la situación ya se da desde hace años: “en 2017 tuvimos otro allanamiento de parte de la policía militar donde nos agredieron con balas y gases a varios campesinos. Dispararon a un compañero y le dieron en la entrepierna, estuvo en el hospital muy grave”.

Esta cooperativa posee escritura original de la propiedad de la tierra que data de 1991, pues en ese año la Cooperativa pagó una suma por comprar esas tierras y ponerla a su nombre pero quien se declara como legítimo dueño es Inversiones la Ceibeña.

Hay dos personas criminalizadas pertenecientes a esta cooperativa -una de ellas un señor de más de setenta años- con ordenes de captura vigentes contra ellos y que por ese motivo “no salimos de estas tierras, porque tenemos miedo”.

En otra de las cooperativas que visitamos, la Gregorio Chavez nos relatan agresiones policiales y militares e incluso de parte de la seguridad privada de una gran empresa del norte. El suceso más actual fue el pasado 8 de julio de este año cuando asesinaron al defensor de DDHH Juan Manuel Moncada, miembro de esta empresa, asesinato que fue condenado públicamente por Oacnudh:

“La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena la muerte violenta de Juan Manuel Moncada, defensor de derechos humanos y líder de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, quien falleció como consecuencia de heridas de arma de fuego el día martes 6 de julio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. El señor Moncada había denunciado amenazas previas ante el Ministerio Público y era beneficiario del Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.“

OACNUDH lamenta que el Estado de Honduras no haya tomado las medidas preventivas suficientes para evitar hechos como este nuevo asesinato, pese a las reiteradas denuncias y alertas sobre el inminente riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán, incluido el asesinato de Santos Marcelo Torres, ex miembro de la empresa campesina “Gregorio Chávez”, ocurrido el 26 de junio de 2021. La Medida Cautelar 50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2014 describía ya la situación de grave riesgo enfrentada por dirigentes campesinos de la zona, incluyendo integrantes del grupo campesino “Gregorio Chávez”. OACNUDH insta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones necesarias de forma pronta e imparcial y a esclarecer las responsabilidades por estos dos recientes asesinatos”.

Pese al repudio público y la denuncia del Alto Comisionado, la esposa del finado Moncada nos manifiesta durante el acompañamiento que no se ha avanzado en la investigación policial por el asesinato de su esposo y que no tiene esperanzas en que se lleva a cabo una investigación diligente, que más bien le habían comentado que “en estos casos no se puede hacer nada”.

La situación trágica en la que viven muchos/as campesinos/as en el Aguan evidencia una agudización de la problemática agraria a nivel nacional por diversos motivos como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, reconcentración de la tierra, etc. En PWS estamos en camino de seguir forjando nuestros lazos con la Plataforma Agraria para poder dar acompañamiento a las cooperativas campesinas del Aguan.

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