Artículo de Mireia Izquierdo Prado, coordindadora del acompañamiento internacional de PWS en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras, febrero 2022

Desde una visión parcial (sobre todo desde Europa) pudiéramos creer que los proyectos fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos generan “energía limpia” pero la realidad es que causan efectos negativos a los procesos ecológicos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y producen violaciones a Derechos Humanos que comportan, entre otros, despojo de tierra y territorio a las comunidades. Además, limitan el derecho al acceso al agua, tal y como nos cuenta la pobladora, Y.A., a la que PWS acompaña: en el caso de mi comunidad, hace más de tres años que está instalado el parque fotovoltaico y estamos empezando a sufrir sus consecuencias teniendo muchos problemas con el agua; ahora nos llega el agua cada 8 días y las pilas de nosotros son pequeñas por lo que no nos ajusta para guardar agua hasta que transcurrido ocho días vuelva a llegar nuevamente el agua. Tenemos que recordar que el agua es un líquido vital.

PWS acompaña a la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, una colectiva conformada en 2017 por 9 personas, todas mujeres y en su mayoría abogadas que se dedican a defender, asesorar y realizar acciones de litigio estratégico a personas en situación de vulnerabilidad y personas que han sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos su mayoría por parte de empresas extractivas y empresarios sin escrúpulos quienes están apropiándose del territorio de las comunidades.

La Red de Abogadas son las representantes legales de los/as pobladores/as de las comunidades de Prados y Costa Azul situadas en el municipio de Namasigüe (Choluteca) quienes luchan contra los efectos del megaproyecto fotovoltaico Los Prados. PWS brinda acompañamiento físico internacional a los/as pobladores/as de las mencionadas comunidades.

“Este proyecto energético fue aprobado con irregularidades por el Congreso Nacional el 20 de enero de 2014 mediante nueve contratos de suministro para operar energía fotovoltaica a favor de nueve empresas que son las que constituyen un solo proyecto energético llamado Megaproyecto Fotovoltaico Los Prados”, indica la Red de Abogadas.
La problemática se centra en las comunidades donde está el mencionado proyecto que son Prados 1 y 2, Costa Azul, Rancherías y Guamerú, todas pertenecientes a la municipalidad de Namasigüe y cuyos pobladores/as en su mayoría se oponen a tal proyecto por el fuerte impacto ambiental que genera con el agotamiento de las fuentes de agua y el incremento de la temperatura (esas comunidades tienen de por si un clima muy caliente, llegando a más de cuarenta grados en temporada seca).

En 2015 llegó maquinaria de la empresa a las comunidades de Prados 1 y 2 a cortar árboles en varias hectáreas de terreno con el objetivo de abrir paso a la instalación de una megaplanta fotovoltaica. En 2016 la empresa instaló los paneles solares en Rancherías sin considerar la voluntad de los/as pobladores/as y siguió un proceso de extensión de los paneles fotovoltaicos al resto de comunidades circundantes que supuso el rechazo inmediato de la población, quienes se organizaron instalando dos campamentos de resistencia y lucha por su territorio y bienes comunes.
“La oposición a este proyecto se intensifica el 4 de enero del 2016, en la comunidad de Rancherías donde la defensa de sus derechos tuvo como resultado un aproximado de 33 personas criminalizadas, diecisiete de estas fueron acusadas por los delitos de coacción, usurpación y daños, una persona asesinada y dos personas fueron obligadas a huir del país, como consecuencia de las amenazas en contra de su integridad física y psicológica”, indica la Red de Abogadas. En 2018 los campamentos de resistencia fueron desalojados cumplimentando una orden judicial.

Una de las empresas involucradas es Scatec Solar, una empresa noruega (Scatec Solar Honduras S.A). La Red de Abogadas Defensoras de DDHH ha documentado corrupción en el otorgamiento de los permisos correspondientes para la instalación de los parques solares fotovoltaicos.
A raíz de este trabajo la Red de Abogadas recibió, en agosto de 202,1 una carta de Scatec en la que se indica que ellos siempre han “realizado esfuerzos para entablar un diálogo y encontrar soluciones constructivas y duraderas junto a las comunidades locales que rodean la planta Los Prados a través de un cabildo abierto el 10 de abril de 2014. (…) y “según las encuestas para empleo local realizadas en 2017 antes del juicio de la construcción, la mayoría de las comunidades apoyaron el proyecto”. Esta información ha sido desmentida por la Red de Abogadas mediante una carta que en fecha 6 de diciembre de 2021 enviaron a la empresa Scatec y en la que indican que “en ningún momento la Empresa Scatec Solar ha buscado un diálogo abierto entre comunitarios del municipio de Namasigüe y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos como representantes legales de las comunidades y de las personas criminalizadas. Tenemos claro que las comunidades afectadas siguen resistiendo ante la instalación inconsulta del proyecto fotovoltaico que aglutina alrededor de 9 proyectos de energía fotovoltaica a nombre de Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña, Generación Energética, Fotovoltaica Los Prados, Foto Sol; los últimos 4 proyectos no se encuentra operando aún (Los Ángeles Fotovoltaica, Solares del Sur, Energía Solo Sol, Soluciones Energéticas)”.

La red de Abogadas también desmiente que la empresa Scatec haya realizado una cabildo abierto y que en realidad fue la propia población la que celebró una consulta ciudadana el 18 de noviembre de 2019 -en la que las abogadas de la Red participaron como veedoras del proceso- donde participaron alrededor de 11.992 personas de las 15.000 personas censadas y de las cuales 11.673 dijeron NO y 78 dijeron SI, 150 otaron en blanco y 1 voto fue nulo, cuyo resultado final fue que el 97,2 % de la población afectada dijo NO a los proyectos fotovoltaicos de Scatec Solar y a ningún otro proyecto extractivista, quedando evidenciado que los comunitarios no quieren que se lleve a cabo este tipo de proyectos en sus comunidades.
Además ese rechazo explícito de las comunidades hacia los proyectos fotovoltaicos y extractivistas se ha visto reforzado el pasado 13 de agosto de 2021 donde la Alcaldía Municipal de Namasigüe por medio de un Cabildo Abierto y con la participación de pobladores/as, declararon al Municipio de Namasigüe libres de proyectos ZEDE, mineros y fotovoltaicos.

En la carta, la Red de Abogadas también hace referencia a que la Empresa en 2020 presentó una acción de desistimiento de la acción penal bajo el pretexto de querer conciliar con los/as pobladores/as criminalizados/as bajo sus propias condiciones, hecho que no va acontecer más cuando “la empresa les ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos, daño emocional y psicológico y será la Corte de Apelaciones, quien resuelva el recurso de apelación que nosotras como sus representantes legales interpusimos en el caso de los 10 comunitarios/as que permanecen criminalizados/as y en el que argumentamos la improcedencia de estos procesos judiciales, ya que solo por el hecho de defender su territorio, recursos naturales, hábitat y fuentes de agua, han sido víctimas de estigma y criminalización, pues la empresa Energía Solar por medio de sus acusaciones que carecen de argumentos han querido presentar ante la palestra pública a los comunitarios como delincuentes”.

Ante este contexto, la apuesta de PWS junto a la Red de Abogadas Defensoras de DDHH, es seguir acompañando a los/as comunitarios/as criminalizados/as de Prados y Costa Azul para que puedan ejercer la legítima defensa de sus territorios y bienes comunes para que sean libres de cualquier proyecto fotovoltaico, hidroeléctrico, minero y libre de ZEDE’s.