Artículo de Julien Christe, acompañante internacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras

Tegucigalpa, Honduras, abril 2022

En Honduras, el tema de la propiedad de la tierra es extremadamente fuerte. La ausencia de un catastro oficial funcional, la posibilidad de que diferentes organismos gubernamentales otorguen títulos de propiedad y la corrupción que reina allí son algunos de los problemas que aquí tienen que enfrentar los habitantes.

Sin ser abogado ni especialista en derechos de propiedad, a continuación presentaré algunos ejemplos que hemos presenciado durante los múltiples acompañamientos que hemos realizado a lo largo del país.

En Reitoca, municipio lenca ubicado al sur de la capital, hemos visto recientemente que las alcaldías en ocasiones son las responsables de estos problemas. En efecto, en la comunidad de Azacualpa, el municipio ha otorgado derechos sobre terrenos municipales a particulares. En este caso, es un terreno que ha sido vendido. La compradora entonces se concedió el derecho de poner una barrera alrededor de esta tierra. Esto tuvo el efecto de privar a la comunidad del acceso que tenían a una quebrada (un pequeño río que se forma cuando llueve y que se usaba como fuente de agua) así como a un pozo común de la comunidad. El nuevo concejo municipal revisará esta situación y se podrían iniciar posibles procesos judiciales contra los miembros del municipio anterior por haberse excedido en sus prerrogativas legales.

Otros pueblos indígenas del país también sufren violencia debido a que los empresarios quieren apoderarse de sus tierras. En el norte del país, el pueblo Garífuna ha pagado un alto precio por la defensa de sus tierras ancestrales. Muchos proyectos turísticos buscan instalarse allí. Si bien están protegidos por el Convenio 169 de la OIT, que les garantiza el derecho a decidir sobre los proyectos y las personas que buscan asentarse en sus tierras, esto no ha impedido que el Estado de Honduras y los empresarios los lleven a juicio por el solo hecho de querer defender este derecho. Quizás la situación más grotesca fue la acusación contra las defensoras garífunas de desplazamiento forzado hacia las empresas. Este delito se utiliza normalmente contra bandas armadas que obligan a las personas a huir de sus hogares por la fuerza. Ataques similares sufrieron los tolupanes cuando decidieron defenderse de los empresarios madereros y mineros que pretendían apropiarse de los bienes naturales de sus comunidades.

En la región del Aguán, al norte del país, el Instituto Nacional Agrario (INA) ha otorgado títulos consuetudinarios a las empresas. Estas empresas dicen que compraron legalmente esta tierra a las cooperativas que la poseían antes. Pero, según numerosos testimonios, fueron adquiridos principalmente a través de la corrupción y las amenazas. Además, cuando los miembros de las cooperativas hicieron su investigación, obtuvieron títulos que decían que todavía eran dueños de estas tierras. Recientemente, el nuevo gobierno instaló un grupo de diálogo entre autoridades, empresas y campesinos para encontrar finalmente una salida a un conflicto que dura décadas y que ha llevado al asesinato de más de 150 campesinos que luchaban por sus tierras.

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que es el organismo gubernamental encargado de atender los bienes incautados cuando una persona es condenada por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros, también ha tenido un comportamiento problemático. Su ex-director acaba de ser detenido y acusado de haberse quedado y entregado a “amigos” políticos las tierras y otros bienes incautados. Además, algunos grupos campesinos nos dijeron que la mayoría de las veces estos bienes eran vendidos, por debajo de su precio, a personas vinculadas al narcotráfico y al gobierno anterior (o a ambos al mismo tiempo). Según ellos, esta tierra debería ser redistribuida a las clases más pobres que tienen una necesidad vital de ella y así evitar que tengan que migrar para asegurar su supervivencia.

El ejemplo de Zacate Grande es paradigmático de las dificultades que trae consigo la ausencia de títulos de propiedad. Zacate Grande fue una isla hasta la década de 1970 cuando se construyó una conexión terrestre con el continente. La isla se convirtió entonces en una península. Este hecho es importante porque cambió las tierras de nacionales a privadas. Es decir que cuando era una isla, la tierra pertenecía al Estado de Honduras y los habitantes no podían poseerla. Unos años después de este cambio, miembros de la élite económica del país llegaron con títulos de propiedad que aparentemente habían comprado a una familia extranjera. Hay dos problemas con estas transacciones. El primero es que los extranjeros tienen prohibido comprar terrenos cerca de la costa. La segunda es que como estas tierras eran nacionales, ninguna persona privada podía tener título sobre estas tierras. A pesar de esto, los tribunales han reconocido estos títulos sin considerar estos argumentos. Además, muchas familias han vivido y cultivado estas tierras durante décadas. Pero, salvo raras excepciones, el Estado nunca les otorgó los títulos a los que tenían derecho. Esto significa que actualmente, muchos conflictos oponen a los habitantes que viven en la península desde hace generaciones a los terratenientes. Debido a la corrupción y las “amistades” políticas de los propietarios, las fuerzas de seguridad y operadores de justicia los apoyan en sus actos de criminalización y violencia contra los habitantes.
Otro problema es el de las ventas múltiples. De hecho, para ocultar el dudoso origen de los títulos de propiedad, estos títulos se venden varias veces. Así, el último comprador puede justificar que compró este título a una persona y esta persona puede hacer lo mismo. Algunos propietarios no compran estos terrenos a nombre propio sino a nombre de una “empresa fachada” que los protege de posibles juicios. Por ejemplo, ex presidentes, según los lugareños, han adquirido propiedades en la península, pero sus nombres no aparecen en los documentos. Juan Orlando Hernández, el expresidente, recientemente sometido a la extradicción por los Estados Unidos, estaría entre estos propietarios, pero esta propiedad no aparece en la lista de las que le fueron incautadas recientemente por los tribunales.

Las playas son públicas por ley. Desafortunadamente, muchas ya no lo son. No se compraron directamente, sino que varios grandes terratenientes compraron todas las tierras a su alrededor. Esto tiene el efecto de privar a las comunidades de tener acceso a estas playas. Esto puede parecer trivial, pero en las comunidades pesqueras es una cuestión de supervivencia. Si no hay acceso a la playa, es imposible sacar las lanchas para salir a pescar y por lo tanto cubrir las necesidades de sus familias.

Estos diferentes problemas generan inseguridad para todos aquellos que dependen de la tierra para vivir pero también para aquellos que quieren emprender. De hecho, esto no es posible si sabes que mañana alguien puede solicitar su expropiación solo porque tiene el dinero o el poder para hacerlo, incluso si tienes el derecho de tu lado. La solución a todos estos problemas requiere una lucha feroz contra la corrupción, pero también una revisión de todos estos títulos de propiedad para saber realmente quién es el dueño de la tierra. Solamente después de esta revisión se podrá crear un catastro que sea legal y justo. Esto tendría que pasar por decisiones y financiación públicas debido a la falta de medios de muchas familias y por tanto a su imposibilidad de hacer valer sus derechos.

Foto: Desalojo de la comunidad campesina de Remolino en la región del Aguán en diciembre del 2021