En Honduras, el gobierno actual ha decretado desde el 14 de marzo, un toque de queda absoluto como primera medida preventiva ante la detección de casos de COVID-19. Después de tres meses se ha ido modificando y flexibilizando, como también, incrementando el número de contagios, que ya superan los 8 mil casos y las 300 muertes, según las cifras oficiales. Estas siguen siendo cuestionadas por organizaciones sociales y la población en general, quienes señalan que la realización de insuficiente número de pruebas de detección, no reflejan el alcance real de la pandemia en el país.
A criterio de nuestros acompañados y acompañadas, las medidas preventivas han resultado ineficientes. Existe además, una desconfianza en la gestión de la crisis, que se alimenta por los casos de corrupción que se denuncian desde diversos actores de la sociedad civil. Esto tiene como resultado que las comunidades indígenas, campesinas y familias más empobrecidas, sean quienes sufren con mayor fuerza los resultados de la mala gestión gubernamental, además plagada de actos de corrupción.
En estos contextos, específicamente en las comunidades que acompañamos, más allá del contagio del COVID-19, y de las muertes, nos referimos a la profundización de la desigualdad estructural y vulnerabilidad psicosocial que históricamente padecen estás comunidades como fruto del abandono estatal, la discriminación, la violencia sistemática y la imposición de un modelo económico que no respeta la tierra, y las diferentes formas de vida.
La consecuencia más alarmante, entre muchas que se sufren, es sin duda, el limitado acceso a la alimentación, en el que las medidas tomadas han producido un impacto negativo en las economías de las familias habitantes de estos territorios, ya que no se ha considerado en su implementación las dinámicas territoriales de trabajo y sostenibilidad de la vida que requiere del libre tránsito.
Otro agravante que se viene denunciando por parte de las comunidades, es la selectividad política y la corrupción con la que el actual régimen asiste a la población. Estas acciones contradicen a las recomendaciones hechas por Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental, sobre incorporar una perspectiva social ampliada en las consideraciones sobre las medidas a tomar[1].
© MADJ: Siembra comunitaria de núcleos del MADJ
En todo este panorama complicado y preocupante, nuestros acompañados y acompañadas han desarrollado distintas acciones que contribuyen a la atención de esta situación de violación del derecho fundamental a la alimentación. Estas acciones son distintas y particulares de cada territorio, pero tienen en común, la solidaridad, la empatía por el otro, y la conciencia comunitaria como única forma de afrontamiento al virus y la crisis socio económica que se profundizó.
El Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), se movilizó por la necesidad de sus pobladores -principalmente de los adultos mayores de las aldeas más pobres, quienes sufrieron la marginación política, (por estar organizados en lucha contra la instalación de la hidroeléctrica) en la entrega de alimentos por parte del gobierno o que no pudieron vender sus cosechas-comprando con sus propios recursos y organizando la entrega de bolsas de alimentos. Estos recursos se generaron por medio de actividades de recaudación, y solicitud de donaciones a particulares. Son las y los mismos integrantes del CILR quienes han realizado el trabajo de movilizarse y llegar a los lugares más excluidos del municipio de Reitoca.
En una situación similar, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), ubicados en la región sur de Honduras, ha gestionado y organizado la entrega de alimentos a las familias de Zacate Grande y alrededores, quienes se encuentran en una situación económica crítica. Esta zona también sufre la politización y la insuficiencia de la ayuda que brinda el régimen actual. Se agrega a esta situación, el impedimento de realizar con normalidad su principal actividad económica, que es la pesca y la cría y venta de camarones, lo que demanda una atención urgente.
Sobre un contexto marcado por similares características de pobreza, abandono y selectividad, los territorios organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ubicados en la región norte de Honduras. Desde los territorios de la dignidad llevan adelante un proyecto de siembras colectivas de diferentes alimentos fundamentales en la dieta de sus pobladores y pobladoras, como la yuca, frijoles, plátanos, es decir, aquellos bien adaptados a las tierras de cada comunidad. Estas cosechas son compartidas e intercambiadas entre las distintas comunidades, recuperando de esta manera, prácticas ancestrales. A este ejercicio de solidaridad y autonomía, lo han denominado “soberanía alimentaria con dignidad”, haciendo referencia a la propuesta política que sustenta ésta práctica.
Es así como actualmente nuestros/as acompañadas y acompañados, mediante las distintas respuestas comunitarias que han forjado desde sus territorios, van afrontando las consecuencias de esta pandemia, que se ha sentado sobre condiciones de emergencia socioeconómica preexistentes. Estas respuestas comunitarias son el resultado de sus trabajos organizativos y luchas históricas, que hoy los dota de capacidades de autoorganización y autogestión.
Las prácticas emprendidas por varias y varios de nuestras acompañadas y acompañados, recobran fuerza ante las adversidades que les presenta la pandemia y la crisis. Con sus acciones nos demuestran la necesidad de volver o de crear nuevas formas de vida, nuevas formas de lazos sociales, pensar proyectos más solidarios, modelos de económicos que respeten la tierra y la soberanía, en síntesis, pensar respuestas que procuren condiciones que hagan posible la vida en común. Será en la fuerza colectiva y en la comunidad donde esas condiciones van a gestarse.
Tegucigalpa, Evelina Vargas, Junio 2020
Foto de Portada: ©MADJ: Siembra comunitaria de núcleos del MADJ
[1] El relator expresa que «Observar más ampliamente la respuesta social no solo hará que las medidas contra el covid-19 sean más justas, sino que también serán más eficientes, efectivas y transparentes».
Artículo disponible en: https://oacnudh.hn/las-medidas-de-covid-19-deben-basarse-en-primer-lugar-en-el-derecho-a-la-salud/
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