Honduras. Despojo de la tierra y defensa de los bienes comunes en el sur de Honduras

La población del municipio Namasigüe, en el departamento de Choluteca, vive mayoritariamente de la agricultura. La región se caracteriza por un clima seco y una vegetación escasa de árboles, la mayoría de estos adaptados a la zona, son jícaros, mangos y “marañón” y algunos maderables como guanacaste, chilamate, madroño, entre otros. De acuerdo a lo que relatan las comunidades acompañadas por PWS, hasta hace algunos años, las fuentes de agua eran limitadas, pero suficientes para el abastecimiento de las familias, el agua se obtenía de pozos y otras fuentes superficiales que existían en las comunidades.

Ante la decisión política del Estado de Honduras de modificar la matriz de energía en Honduras, en el año 2015 se comenzó a instalar obras de energía fotovoltaica en el municipio Namasigüe, comenzando en la comunidad Rancherías. Estaba planeado iniciar el proyecto en las comunidades Los Prados I y Los Prados II en 2015, pero no fue posible, porque la población se organizó en el comité de resistencia al proyecto fotovoltaico Los Prados.

La concesión está a cargo de empresas inicialmente hondureñas que luego fueron compradas por la empresa de capital noruego Scatec Solar[1] (70%) y el fondo Norfund[2] (30%). Además del capital de Noruega existe un convenio a través del cual se va a recibir préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A criterio de nuestros acompañados y acompañadas, nunca se realizó un proceso de consulta a las comunidades, sobre si estaban o no de acuerdo con la instalación de los proyectos de energía fotovoltaica, lo que sería su derecho según la legislación hondureña[3]. Ante la instalación de estos proyectos, las personas de la comunidad reportan la tala de árboles maderables y frutales, las fuentes de agua superficial se secaron, el agua de los pozos se encuentra ahora a más profundidad, las aves que rondaban la zona desaparecieron y el calor aumentó.

Una gran parte de la población, en particular las mujeres, que fueron las primeras que sintieron la falta de agua, respondieron instalando un campamento de resistencia en el año 2017, al lado de la comunidad Rancherías. Ocho meses después, el 8 de marzo de 2018, justamente el día de la mujer, ese campamento fue desalojado por la Policía Nacional, miembros del ejército y guardias privados. En Los Prados I el campamento de resistencia aún existe.

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El campo de resistencia de los Prados © Christoph Egger http://christopheegger.com

Otro acto de resistencia realizado por la población, fue la auto consulta comunitaria. El proceso se realizó a finales del año 2019[4]. La consulta contó con el apoyo técnico del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida (AMDV) y la Pastoral Social de la Iglesia Católica (CARITAS). Los resultados de la consulta fueron contundentes: el 97% de las personas votaron contra proyectos de energía fotovoltaica y mineros en el municipio de Namasigüe[5].

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El campo de resistencia de los Prados © Christoph Egger http://christopheegger.com/

En el marco de la crisis del COVID-19, pobladores de la comunidad Costa Azul e integrantes de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, nos informaron de la posibilidad de suspender el proyecto. En opinión de nuestros acompañados y acompañadas, la tala de árboles ha continuado, no se tiene certeza si esto representa un avance del proyecto fotovoltaico o tiene otros f

ines también nefastos.

Las poblaciones se mantienen entre la incertidumbre y la resistencia. Por un lado, existe la preocupación que la empresa de energía fotovoltaica podría volver a Los Prados I y II, y por el otro, existe la posibilidad que se va a establecer monocultivos de melones o sandías.

Las consecuencias del proyecto en uno u otro caso, son el deterioro del medio ambiente, la profundización del cambio climático y la migración, todo en detrimento de la vida comunitaria.

Una faceta de la colaboración entre Estado y empresas es el proceso de represión y criminalización de las personas que protestan, efectuado por medio de la policía, la fiscalía y el sistema judicial. La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos del sur dan apoyo judicial a la población. Desde PWS hemos venido acompañando a la comunidad Costa Azul y algunos de los procesos judiciales y documentando lo que está sucediendo.

Berlín, Julio 2020, Daniel Stosiek, acompañante internacional en Honduras.


[1] Proyectos de Scatec Solar en Honduras: https://scatecsolar.com/locations/honduras/

[2] Proyectos fotovoltaicos en Namasigüe con financiamiento por Scatec Solar y Norfund: http://www.conexihon.hn/index.php/tv/765-proyecto-fotovoltaica-los-prados-y-el-impacto-socio-ambiental-en-honduras

Autorepresentación del fondo noruego de inversión (supuestamente apoyando el desarrollo) Norfund: https://www.norfund.no/

[3] Ley de Municipalidades: https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NzAxNDk4OTM0NzYzNDg3MTI0NjE5ODcyMzQy

[4] Autoconsulta sobre proyecto fotovoltaico: https://www.business-humanrights.org/en/node/199061

[5] Resultados de autoconsulta: https://criterio.hn/97-de-la-poblacion-de-namasigue-dice-no-a-la-mineria-y-fotovoltaicas/


Foto de portada: Instalación fotovoltaica ya realizada en los Prados en 2018 © Christoph Egger http://christopheegger.com/

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