Los huracanes Eta e Iota han agravado todavía más la situación de pobreza (extrema) en la que viven los y las ciudadanas de Honduras, que sumado a un contexto de corrupción, violencia e impunidad, hizo que el pasado 15 de enero, miles de hondureños/as iniciasen un viaje migratorio a pie con la intención de llegar a Estados Unidos. Tras la llegada a Guatemala de más que 4.500 personas, fueron duramente reprimidos por la policía antidisturbios y el ejército de Guatemala.
No obstante, la migración ocurre regularmente, en particular, desde las transformaciones neo-liberales en los años 90 del siglo pasado. Pero las caravanas, desde el año 2018, hacen lo invisible un poco más visible. Muchas de las personas dicen que salen por falta de trabajo, de ingresos, de posibilidades, también de atención médica.[1] ¿Pero por qué sucede que en un país rico en tierras, recursos e inteligencia humana,hay tanta falta de trabajo y de oportunidades, con el resultado que miles de personas, entre ellas familias enteras, madres con hijas e hijos, esposos que dejan el resto de su familia, asuman tamaño esfuerzo para migrar a otro país, con una esperanza incierta en un futuro mejor?
Según el informe actual de ACI-Participa, la situación del país, en las últimas décadas, se caracteriza en que una mayoría de campesinas y campesinos disponen de pocas tierras de baja productividad y las “mejores tierras de cultivo del país están en manos de grandes terratenientes, dedicados unos a la ganadería extensiva y, el resto, a la agroindustria de exportación, con monocultivos como la caña de azúcar, palma africana, bananos, cítricos y otros en menor escala”[2]. Por eso (aunque la desigualdad tenga una historia desde la colonización), ya muchas personas emigran desde las comunidades rurales a las ciudades, donde llegan otra vez a una condición de pobreza y falta de oportunidades de trabajo.
Con esto hay cada vez menos superficies donde comunidades viven autónomamente del trabajo en la tierra. A tal situación se suman ahora las actividades de industrias extractivas que aumentaron especialmente desde el golpe de Estado de 2009. Una gran parte de estos proyectos son empresas de energía renovable, minería, monocultivos y turismo.
Lo que sucede es, propiamente, una continuación de la historia del colonialismo y del capitalismo. Estos dos constituyen una unidad inseparable que se efectúa tanto, globalmente, como de manera interiorizada dentro de la política del país. En este proceso la tendencia es considerar al conjunto de la población y la naturaleza como puro recurso para aumentar las ganancias. Ningún actor político jamás lo admitiría, pero la política misma privatiza cada vez más los asuntos esenciales sociales como educación y salud[3] y grandes partes de la naturaleza y transmite así, lo íntimamente político, al área esencialmente comercial-económica. Hay que hablar de una financiarización de la naturaleza[4], en que se usa esta como fuente de recurso o incluso ‘fuerza de trabajo’ (tierra, plantas…) para finalmente aumentar el capital de bancos e instituciones financieras.
Cuando se justifica los proyectos de generación de energía renovable por la protección de la naturaleza, en realidad, esta última es considerada como ‘fuerza de trabajo natural’ (o sea recurso) para ser explotada, lo efectivamente posible y no como un ambiente con el que se convive y trabaja en proximidad, sin sobreexplotarlo, como es la realidad de la cosmovisión de las comunidades rurales e indígenas.
En este sentido es una de las tareas urgentes a nivel global y nacional, decolonizar la política y defender a las comunidades, los derechos humanos y los bienes comunes. Actualmente no se ve perspectiva alguna de un cambio social-político en los sistemas nacionales y globales. Pero hay las ‘islas’, o sea ‘oasis’, muchas comunidades, defensoras y defensores de derechos humanos y bienes comunes, y varias asociaciones de los derechos humanos. Y es aquí donde PWS (como también otras organizaciones) acompañan a comunidades y defensoras y defensores que se encuentran en una posición propensa de tornarse víctimas de la violencia estructural y directa de ser expulsadas, criminalizadas o detenidas por las protestas legítimas contra el robo de tierra, y en casos extremos, hasta ser asesinadas.
Para mencionar solo un ejemplo: el Consejo Indígena Lenca de Reitoca defiende el derecho de la población de continuar viviendo en su ambiente natural y se encuentra confrontado con la violencia estructural de empresas y autoridades estatales que se empeñan en instalar un proyecto hidroeléctrico en su territorio, además, sin realizar la consulta previa, libre e informada que es su derecho legal al ser pueblo indígena, amparado en el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por el gobierno de Honduras.
El año pasado el consejo inició una actividad colectiva de plantar árboles cerca del río. Con este ejemplo, se puede visualizar que la defensa de los DDHH y bienes comunes es, sin lugar a dudas, actividad en pro del interés público, es incluso de una dimensión e importancia que supera el ámbito e interés local, además tal actuación reducirá la necesidad de emigrar a las ciudades o al extranjero.
Tegucigalpa, 15 de febrero 2021, Daniel Stosiek, acompañante internacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras.
[1] Transmisiones de la Radio Progreso desde el 14 de enero de 2021.
[2] ACI participa: Honduras. Corrupción, muerte y destrucción. Informe situacional de defensoras y defensores de los derechos humanos noviembre 2019-diciembre 2020, p. 19.
[3] Mismo lugar, p. 28.
[4] Vea en internet:
En alemán: Magdalena Heuwieser: Grüner Kolonialismus in Honduras. Land Grabbing im Namen des Klimaschutzes und die Verteidigung der Commons, Wien (promedia) 2015, p. 20pp.
Foto de Portada © Mireia Izquierdo: La población hondureña reclamando justicia popular
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