Monocultivos: el caso de una empresa azucarera de sabor amargo

Artículo de Lise Wannaz, acompañante internacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras

Tegucigalpa, Honduras, septiembre 2022

Leyenda: Desalojo de la Cooperativa campesina CerroEscondido orquestado por una empresa azucarera el 23 de agosto 2022

Los monocultivos destruyen la tierras y territorios de miles de personas y causan daños en la naturaleza.

Disclaimer: Este articulo es una reflexión particular de la autora y no representa la opinión institucional de Peace Watch Switzerland.

De vuelta de un fin de semana en la costa caribeña, nuestro autobús pasó por delante de todo un bosque de palmeras, todas similares y a una distancia perfectamente uniforme entre sí. Había una cierta belleza en estos árboles y esta regularidad, evidentemente también me había invadido un sentimiento muy ambiguo, extraño, advertido y controvertido. Monocultivo. Este asunto, que ahora es tan conocido, está interfiriendo en mi consumo diario de Suiza y también en mis compromisos alimentarios. La destrucción de la tierra, del medio ambiente – de la fauna y de la flora -, las violaciones evidentes de los derechos fundamentales de las poblaciones, la contaminación del aire y del suelo, en fin, sólo quería entender un poco más sobre el tema y poder establecer vínculos con lo que sabía. Recién llegada a Honduras, me di cuenta rápidamente de que esta cuestión – la explotación masiva de la tierra, ya sea a través de monocultivos o de la producción de energía o de instalaciones mineras – está directa e indirectamente relacionada con las luchas que llevan a cabo las comunidades que acompañamos y, más ampliamente, las poblaciones campesinas y rurales de Honduras.

De hecho, el 23 de agosto de 2022, unas semanas después, acompañamos a una abogada durante la ejecución del desalojo de una Cooperativa campesina en San Nicolás, en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras. Frente a varios cientos de policías, del juez ejecutor y de los representantes de la empresa, y a pesar de la flagrante ilegalidad de la decisión judicial, la abogada no pudo impedir que se llevara a cabo la expropiación de la Cooperativa Cerro Escondido. Una de las personas afectadas me explicó que las empresas que les estaban expropiando tenían como objetivo destruir sus casas, sus actividades y sus cultivos de cereales autóctonos y tradicionales para ampliar las plantaciones de caña de azúcar. Caña de azúcar exclusivamente, obviamente cultivada principalmente, si no exclusivamente, para la exportación.

Mientras investigaba el tema, me di cuenta de que si al menos se abordaban los conflictos relacionados con el monocultivo de palmas – y con razón, ya que la palma es el cultivo que más deforestación y desplazamiento de habitantes ha generado por la pérdida de muchos territorios en las comunidades garífunas y miskitas¹ – las luchas comunitarias por el derecho a la tierra en conflicto con las empresas azucareras lo estaban mínimamente. Sin embargo, en el valle de Quimistán, al oeste del país, el monocultivo de la caña de azúcar ha suplantado la producción del grano básico de la dieta hondureña. Según datos del Movimiento Ambiental Santabarbarense (MAS), el 60% de la tierra del país se destina al cultivo de la caña de azúcar². Este uso de la tierra ha provocado un aumento particular de la sequía en los últimos años.

En el caso mencionado, ya se habían realizado anteriormente otros tres intentos infructuosos de desalojo de la Cooperativa. Sin embargo, a pesar de las flagrantes violaciones legales, esta vez el desalojo se llevó a cabo. Esto fue en total desacuerdo con los argumentos y las pruebas presentadas por la abogada de la comunidad el día de la ejecución. En ellas se indicaba claramente que las casas de los campesinos y los cultivos que el juez iba a hacer destruir no se encontraban en el terreno que se mencionaba en la orden de desalojo y que había sido confirmado por el juez presente. Además, la comunidad aún no había sido oída y, por tanto, nunca fue escuchada en el procedimiento judicial. Por otro lado, la expropiación se estaba produciendo en suelo nacional y no en propiedad privada (como resultado, apropiación ilegal de estos terrenos por parte de la empresa) y el juez y los representantes de la empresa tenían un total e innegable desconocimiento de los terrenos y su ubicación, con la consecuencia de que se expulsaron terrenos no afectados por la decisión judicial.

Así que, a la vez que me indignó el evidente acuerdo entre dicho juez y los representantes de la empresa, y las claras violaciones de los derechos procesales en esta situación, también me indignó saber que la violencia de esta situación sirve a menudo para enriquecer a las familias ricas y poderosas de este país³, pero también para alimentar el gran sistema de exportaciones a países financieramente poderosos y su (¿mi? !) consumo excesivo.

En el norte del país, los monocultivos de palma africana se extienden hasta donde alcanza la vista y han acabado con las tierras protegidas y fértiles, mientras que, en el suroeste, los monocultivos de caña de azúcar, melones, sandías, quimbombó (okra), piñas y camarones se van incorporando a las tierras. Todos estos productos se cultivan en su mayoría para la exportación, destruyendo al mismo tiempo cualquier posibilidad de que la población local siga produciendo sus bienes básicos para su propio consumo, para el intercambio local o para la venta para obtener unos ingresos mínimos. En resumen, se les priva de los recursos esenciales para la vida y la supervivencia, sin los cuales no se pueden respetar todos los demás derechos fundamentales.

En cuanto a los monocultivos y la agricultura

En 1992 se aprobó la Ley de Modernización Agrícola. Impulsando un nuevo modelo económico, reduciendo los impuestos a la importación y eliminando el proteccionismo local, esa ley allana el camino para los acuerdos de libre comercio, así como los tratados de protección de inversiones, y facilita el acaparamiento de tierras fértiles por parte de exportadores agrícolas y terratenientes. Según datos del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), entre 1990 y 1994 se vendieron 30.587 hectáreas del Fondo de Reforma Agraria. De este total, el 73,8% correspondió al departamento de Colón (un departamento de la costa norte del país).⁴ Fue en este periodo cuando se desarrollaron con fuerza los monocultivos, principalmente en la costa caribeña, con la palma africana, el plátano y la caña de azúcar. Evidentemente, esta evolución fue en detrimento de la producción campesina de los cereales básicos necesarios para el consumo familiar y, por tanto, amenazó la soberanía y la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas. A pesar de que algunas regiones ya se encontraban en una situación de alto riesgo en cuanto a seguridad alimentaria, las exportaciones eran a veces tan elevadas que las regiones ya no podían satisfacer las necesidades alimentarias de su propia población.

Con el objetivo de generar crecimiento y supuestamente combatir el subdesarrollo utilizando los alimentos como una mercancía que se comercializa en el mercado internacional⁵, fue en la década del 2000 cuando se expandió la política extractivista, apoyada por las élites hondureñas y facilitada por los pactos comerciales. En efecto, el impacto de los acuerdos de libre comercio es muy fuerte en la agricultura, ya que se invierte masivamente en la producción de agrocombustibles para la exportación. Según el informe del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Extractivismo y Resistencia Comunitaria en Honduras⁶, la política extractivista toma muchas formas: hidroeléctricas, turismo, proyectos de monocultivo y monopolio agrario, minería, y ZEDEs (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) entre otras. En la actualidad, 7 de cada 10 municipios de Honduras soportan al menos una concesión de tierras dedicada a la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos, de monocultivo o agrícolas.⁷

Entre 2013 y 2014, una serie de leyes y reformas constitucionales destinadas a promover el desarrollo industrial y agrícola reforzaron aún más la política extractivista. En esta política, el Estado desempeña el papel principal, ya que es el principal impulsor de este modelo de producción y, en la práctica, también está detrás de las concesiones que se otorgan. Sobre todo cuando concede ilegalmente un título de propiedad sobre un área protegida, como hizo con la palma africana al conceder el 20-30% del área protegida del Parque Nacional Punta Izopo y Jeanette Kawas, en el norte de Honduras. Por otro lado, el Estado refuerza fuertemente el conflicto al facilitar la inseguridad de la tierra y no regular los sistemas de monocultivo de palma y caña de azúcar. En este sentido, y debido a la debilidad institucional que se ha instalado tras el golpe de Estado en Honduras, la entrega de recursos naturales a grupos poderosos se ha incrementado desde 2009, según una organización medioambiental y de derechos humanos.⁸

A principios de 2010, la sociedad civil y las comunidades afectadas iniciaron un proceso de recuperación de tierras. La respuesta política fue la militarización para intervenir contra esta “insurgencia”. El Estado aplicó un modelo de represión de tres tipos de violencia: la violencia discursiva (particularmente la criminalización), la violencia física y la violencia sistémica contra las comunidades indígenas y campesinas, sus representantes y sus defensores (jurídica, política y mediática).

Además, en lo que respecta al control territorial, las autoridades estatales pueden contar con la participación de fuerzas no estatales que protegen los intereses de las corporaciones y las élites. En el caso de la mencionada Cooperativa Cerro Escondido, está en conflicto con una empresa azucarera desde 2017 y enfrenta vigilancia, intimidaciones y hostigamiento por parte de esta empresa. En abril de 2020, sin ninguna autorización judicial, la empresa envió a guardias de una empresa de seguridad privada para desalojar ilegalmente a la comunidad en plena noche.⁹ Iris Argentina Álvarez Chávez¹⁰, una campesina defensora de la tierra, fue asesinada por los guardias de esta empresa de seguridad privada frente a la policía nacional, que no intervino en absoluto tras su llegada.¹¹ La lucha de la Cooperativa por la tierra ha continuado, y según la abogada que la representa y la que PWS acompaña, las dos empresas que lograron desalojar a la Cooperativa en agosto de 2022 siguen actuando en nombre y a las órdenes de la misma empresa azucarera. El mercado del azúcar en Honduras está ahora en manos de unos pocos grandes grupos nacionales y extranjeros. Cuando las empresas son propiedad de grupos extranjeros o son adquiridas por ellos, el sistema de violencia y violaciones sigue siendo similar.

En este sentido, en 2019¹² el 71% de las explotaciones son menores de 5 hectáreas (microgranjas) y ocupan alrededor del 9% de la superficie cultivada del país, mientras que menos del 5% de las explotaciones tienen 50 hectáreas o más y cubren el 61% de la tierra del país. El monocultivo y la producción predominantemente agrícola para biocombustibles han quitado a las poblaciones indígenas y campesinas enormes hectáreas productivas para la producción de alimentos básicos.

En cuanto a las violaciones y cuestiones legales

Como en el caso de la expropiación de la Cooperativa Cerro Escondido, el modelo extractivista en Honduras se caracteriza por la extracción de recursos naturales, principalmente ubicados en comunidades indígenas, rurales y campesinas. Si bien esto genera importantes beneficios económicos para los propietarios de las empresas nacionales y transnacionales, así como para inversores nacionales y/o extranjeros, su primera consecuencia grave es el daño y la destrucción de los elementos básicos esenciales para la vida y la supervivencia de las comunidades afectadas. Obviamente, a esto le siguen muchos otros abusos, tanto a nivel local como a mayor escala, y tanto en términos de derechos humanos como de legislación medioambiental. Ni que decir tiene que el impacto medioambiental es innegablemente directo cuando, por ejemplo, en los parques nacionales, la estrategia utilizada para justificar la plantación de palmeras consiste en provocar incendios para despejar la zona boscosa.¹³

En cuanto a la cuestión medioambiental, los dos tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han confirmado el innegable vínculo entre la protección del medio ambiente y la protección y realización de los derechos humanos. Por lo tanto, los efectos adversos de los monocultivos sobre el medio ambiente, como la desecación y saturación de los suelos, la contaminación del agua y del aire debido a los potentes y concentrados agroquímicos utilizados, así como las consecuencias para el cambio climático, afectan directamente al disfrute de los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Los derechos directamente vulnerados por los monocultivos en Honduras incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos de la población. Las diferentes categorías de derechos afectados son numerosas y variadas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el derecho al agua y a la alimentación (incluyendo la desaparición de los alimentos silvestres y el aumento de los precios debido a las crecientes importaciones y a la escasez de alimentos), así como la libertad de reunión y asociación, y el derecho a la soberanía alimentaria. En un contexto de violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales, algunas violaciones no son evidentes y merecerían otro artículo sobre el tema.

Desde el punto de vista legal, existe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también conocido como Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado en 1989. Establece directrices para un enfoque participativo en la toma de decisiones para todos los pueblos indígenas y promueve así su autodeterminación. Se basa en el respeto a las culturas y modos de vida de estos pueblos y reconoce su derecho a la tierra, a los recursos naturales y a definir sus propias prioridades de desarrollo. El Convenio 169 exige el consentimiento libre, previo e informado para todas las medidas que conciernen y afectan a los pueblos indígenas¹⁴. En el caso de la comunidad de San Nicolás, en primer lugar, este consentimiento nunca se dio, pero sobre todo, las personas afectadas nunca recibieron información alguna antes de que la empresa diera todos estos pasos para su desalojo.

En este sentido, también existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto establece el Consentimiento Libre, Previo e Informado como un derecho específico de los pueblos indígenas. También este consentimiento se integra en el derecho universal a la autodeterminación. Este derecho específico les permite negociar las condiciones en las que se diseñará, ejecutará, supervisará y evaluará el proyecto.

Sin embargo, tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de la ONU no prevén la posibilidad de presentar quejas individuales y, por lo tanto, no es posible que una persona de la comunidad haga valer su derecho individual y subjetivo ante un órgano de control.

Para ello, existen los Pactos de la ONU, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ambos son supervisados por un sistema de quejas individuales que Honduras ha aceptado ratificar y al que está obligado a someterse cuando se presenta una queja individual ante uno de los comités específicos que supervisan la aplicación de estos pactos.¹⁵

Así, es importante señalar que hoy en día son aplicables a una situación como la de la Cooperativa Cerro Escondido varios Convenios, Declaraciones y Protocolos del derecho internacional, además del derecho nacional de Honduras, ya sea a través de los Pactos, Convenios y Protocolos de las Naciones Unidas o del Convenio 169 de la OIT. Además, el sistema de supervisión de la OIT y los mecanismos de derechos humanos de la ONU se refuerzan y complementan mutuamente.

Es interesante saber que el 17 de diciembre de 2018 se aprobó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otros Trabajadores Rurales en el 73º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y Honduras fue uno de los países que se abstuvo de votar durante su aprobación. La Declaración incluye el derecho a utilizar los recursos naturales existentes y necesarios para un nivel de vida adecuado, a poder utilizarlos de forma sostenible y a conservar y proteger el medio ambiente. Según la Declaración, los Estados deben respetar, proteger y cumplir los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.¹⁶ Asimismo, Honduras no ha firmado ni ratificado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Ambiental en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.

En realidad, cuando una comunidad intenta reclamar o defender su tierra, muy a menudo se utiliza un sistema de disuasión e intimidación contra ella y sus defensores. Este patrón de represión consiste en la aplicación del tríptico de violencia antes mencionado, que incluye asesinatos, amenazas, detenciones y acusaciones judiciales con juicios largos, agotadores e ilegales.

En 2019, Global Witness registró 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, con un aumento del 60% respecto a 2018¹⁷. La violencia contra los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido objeto de atención del Consejo de Derechos Humanos en numerosas ocasiones y sesiones.¹⁸

En conclusión, la industria azucarera contribuye en gran medida a la economía del país, por lo que, hasta principios de 2022, no había voluntad política de poner fin a las violaciones en este ámbito. Con el nuevo gobierno en funciones, se han reavivado las esperanzas perdidas de un posible fin de los conflictos existentes. Sin embargo, a la vista de la situación general y de las luchas en curso, también es comprensible que a las personas afectadas se les agote la paciencia.

Ante un contexto tan complejo y con fallos generalizados, el cambio será largo y tortuoso para conseguir la democracia y una situación libre de tanta violencia. Sin embargo, los derechos fundamentales no pueden esperar, y nunca es demasiado tarde para que los procedimientos legales se lleven a cabo de acuerdo con la legislación hondureña, el derecho internacional y las decisiones de los organismos supranacionales. Me parece que la urgencia es tal vez identificar los patrones de violación de los derechos humanos y territoriales utilizando el enfoque de justicia campesina¹⁹ e indígena para que una vez deconstruidos estos patrones, se puedan restablecer otros nuevos con los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación en su centro.

Por casualidad de la Historia, en enero de 2022, el gobierno hondureño cambió, y Honduras también se convirtió en un nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos por primera vez.

Hoy en día, no puedo negar que la creciente demanda de agrocombustibles, azúcar y aceite de palma baratos se está traduciendo muy probablemente en más represión, asesinatos, desalojos y aumento de la militarización en muchos países del mundo. Sigo creyendo que es esencial ser consciente de mi consumo en Suiza para limitar las consecuencias negativas y las violaciones de los derechos humanos en otro extremo de nuestro mundo. Sabiendo que nada es binario, algunas opciones, por razones que pueden parecer justificables en Suiza, se convierten en desastres humanitarios y medioambientales a miles de kilómetros (los biocombustibles o el consumo excesivo de aguacates siendo vegetariana, por ejemplo). Todos estos elementos me recuerdan que todos somos un solo mundo y que mis decisiones, o mejor dicho, nuestras decisiones sociales y colectivas, tienen repercusiones en otras comunidades, aunque no vivan en la puerta de al lado.

¹ Tratados de Libre Comercio y Monocultivos: el sueño de los Estados del desarrollo insostenible, Carlos Mauricio Parra Vizcarra, https://sv.boell.org/sites/default/files/tratados_de_libre_comercio_y_monocultivos_el_sueno_de_los_estados_centroamericanos_del_desarrollo_insostenible.pdf, pt.2.3

² https://www.defensoresenlinea.com/santa-barbara-con-la-mayor-concentracion-de-concesiones-mineras-y-represamiento-de-rios/

³ https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/2b08a2d3-346b-4725-9059-eada1e7a606c/files/ac8507f9-31ba-4f34-a8a0-5befabc5908d

⁴ https://cespad.org.hn/coyuntura-desde-los-territorios-reflexiones-sobre-como-gestionar-el-conflicto-agrario-en-el-bajo-aguan/

⁵ Tratados de Libre Comercio y Monocultivos: el sueño de los Estados Centroamericanos del desarrollo insostenible, Carlos Mauricio Parra Vizcarra, https://sv.boell.org/sites/default/files/tratados_de_libre_comercio_y_monocultivos_el_sueno_de_los_estados_centroamericanos_del_desarrollo_insostenible.pdf

⁶ https://www.tni.org/files/publication-downloads/extractivismo_y_resistencia_comunitaria_en_honduras_0.pdf

⁷ https://cespad.org.hn/mineras-e-hidroelectricas-han-generado-desarrollo-en-los-pueblos-de-honduras/

⁸ https://es.mongabay.com/2019/10/palma-de-aceite-en-honduras-seca-dos-areas-protegidas/ ; https://contracorriente.red/2022/06/30/nadie-detiene-a-la-palma-aceitera-en-el-parque-nacional-jeannette-kawas/

⁹ https://ejatlas.org/conflict/la-grecia-sugar-mill-in-marcovia-choluteca-honduras/?translate=fr

¹⁰ https://www.defensoresenlinea.com/alerta-orden-de-desalojo-amenaza-a-familias-campesinas-en-marcovia/

¹¹ https://im-defensoras.org/2020/04/whrdalert-honduras-defender-killed-by-security-agents-in-violent-illegal-eviction/

¹² https://sv.boell.org/sites/default/files/tratados_de_libre_comercio_y_monocultivos_el_sueno_de_los_estados_centroamericanos_del_desarrollo_insostenible.pdf