Artículo de Julien Christe, Acompañante internacional de derechos humanos de PWS

Tegucigalpa, febrero 2022

La elección de la primera mujer presidenta de Honduras fue para gran parte de la población una gran alegría y una gran esperanza. En efecto, la victoria del Partido Libre, partido de oposición, aunque matemáticamente adquirida tras su alianza con el partido más centrista Salvador de Honduras, era muy probable que no se produjera. Fraude masivo en elecciones anteriores a favor del partido nacional amenazó con repetirse. Pero, gracias a la participación masiva de votantes, este escenario se evitó. Haciendo de Xiomara Castro la presidenta electa con más votos en la historia del país. El programa de la presidenta está enfocado en una mayor justicia social y la lucha contra la corrupción que azota a este país centroamericano desde hace años. El partido nacional que estaba en el poder fue denunciado dentro y fuera del país por haberlo convertido en un narcoestado. Varios de sus integrantes aparecen en listas internacionales, incluida la lista Engel de Estados Unidos, por su participación en el sistema de corrupción y por sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El hermano del expresidente se encuentra en prisión perpetua tras ser condenado, entre otras cosas, por importar 200 toneladas de cocaína a este país. El propio expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra actualmente detenido y en espera de extradición a Estados Unidos por tráfico de armas y por exportar 500 toneladas de cocaína. El candidato del Partido Liberal que se postulaba en las pasadas elecciones acaba de salir de prisión tras su condena por lavado de dinero en Estados Unidos.

Los cambios deseados por la nueva presidenta lamentablemente serán muy complicados. Porque, si cambia el jefe de Estado, se mantiene el sistema establecido por el antiguo partido en el poder. Ha destruido en los últimos 12 años, junto con el partido liberal y con el apoyo de las elites económicas del país, todos los componentes de lo que es un estado democrático. Primero, a través del golpe militar de 2009 que depuso al presidente Manuel “Mel” Zelaya y el posterior fraude electoral, destruyó el componente representativo de la democracia. Si bien este componente ha sido recuperado a nivel presidencial, los niveles inferiores siguen casi iguales, en particular a través de la compra masiva de votos que se llevó a cabo justo antes de las elecciones a la vista de todos. Luego, la separación de poderes se vio socavada cuando el expresidente reemplazó ilegalmente a la mayoría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país cuando declaró inconstitucional uno de sus proyectos. Además, la corrupción que reina en el poder judicial y la fiscalía es de conocimiento público. Como se ha visto en el breve informe del caso en el párrafo anterior, la mayoría de los líderes de carteles de la droga que han sido juzgados lo han sido en los Estados Unidos, en particular debido a la falta de investigaciones en Honduras en su contra. Y esto, a pesar de que la mayoría de la población sabe muy bien quién está involucrado en el narcotráfico. Parece que solo la policía, la fiscalía y los servicios de inteligencia estadounidenses lo ignoran. Uno de los actores que juega un rol muy importante, es la élite económica del país. Esta última se ha beneficiado en gran medida de esta ausencia del estado de derecho en los últimos años. Estos vínculos con el crimen organizado al ayudar a lavar el dinero de las drogas a través de sus bancos y negocios le han hecho ganar sumas astronómicas. Además, la desintegración de los servicios públicos organizada por el gobierno anterior abrió el camino a una forma encubierta de privatización de estos servicios. Para tener acceso a un buen hospital, una buena escuela o incluso agua limpia, lxs ciudadanxs que pueden permitírselo se ven obligadxs a recurrir al sector privado. Finalmente, se han multiplicado los contratos obtenidos sin licitación o en condiciones súper favorables para el sector privado y en perjuicio del Estado. Los sectores de energía y minería en particular han sido una verdadera fuente de ingresos para los empresarios con condiciones que les garantizan obtener ganancias, aunque produzcan poco o nada. Además, estos proyectos se realizan a través de estudios de impacto ecológico que son secretos y sin consulta a las poblaciones afectadas. Cuando las personas se han opuesto a ellos, han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y por las empresas de seguridad privada que pululan por el país. Luego fueron criminalizados por el sistema judicial corrupto que aquí sirve para condenar a los pobres sin siquiera investigar las acciones de los que están en el poder.

Finalmente, Estados Unidos, si bien se jacta de su lucha contra las drogas y la corrupción y a favor de la democracia en la región, ha sido un actor desestabilizador en los últimos años. En 2009, muchas personas con las que pudimos conversar coinciden en que el golpe militar no podría haberse llevado a cabo sin la aprobación de la administración Obama que estaba en el poder en ese momento. Tienen un gran número de bases militares en el país y han entrenado y armado a las fuerzas de seguridad hondureñas. De manera similar, en el fraude electoral de 2017, fue la embajada estadounidense la que validó la “victoria” de Juan Orlando Hernández a pesar de que la Organización de los Estados Americanos afirmó que el fraude fue tan masivo que la única solución para tener elecciones democráticas hubiera sido comenzar la votación de nuevo. Finalmente, como se explicó anteriormente, la quiebra de los agentes de inteligencia y los servicios antidrogas estadounidenses presentes en gran número en el país es notoria. Colaboraron durante 8 años con un gobierno y un presidente al que ahora se acusa de ser uno de los principales actores de este tráfico. A este nivel cabe preguntarse si se trata sólo de incompetencia de su parte o de complicidad. En este contexto, incluso la mejor voluntad mostrada por el nuevo poder es probable que se enfrente a estos diferentes poderes que todavía están muy presentes. Una de las pruebas es la escisión que se produjo dentro del mismo partido de la presidenta en torno a la elección de la presidencia del parlamento. De hecho, un grupo se ha aliado con miembros del partido nacional y del partido liberal contra el candidato propuesto por el partido. Aunque los vínculos de estos parlamentarios con las élites de las que hemos hablado parecen claros, nadie sabe exactamente qué ventajas esperaban obtener de ellos. Además, hace unos días, hechos ocurrieron simultáneamente en tres comunidades que luchan contra los proyectos extractivos. Esto puede verse como una señal del poder que las elites económicas aún ejercen sobre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.

Finalmente, aunque la presidenta logre ciertos cambios en el país, en particular a través de la comisión internacional contra la corrupción que ha solicitado a las Naciones Unidas, esto no significará necesariamente mejores condiciones para quienes luchan por un país más digno y justo. De hecho, como nos dijo una persona que acompañamos: “Ahora que ellos [las élites económicas] perderán su poder dentro del sistema de justicia y ya no podrán criminalizarnos, es posible que quieran matarnos directamente”.

Este cuadro, que parece muy deprimente, debe ser contrarrestado por una visión más optimista. En efecto, el símbolo mismo de tener una mujer progresista en el poder en un país donde las influencias retrógradas, particularmente de las iglesias, tienen un peso tan significativo en la vida de las mujeres y en el reconocimiento de sus derechos y donde la derecha ha gobernado casi sin cesar desde la “independencia” del país es un signo de esperanza para muchas y muchos. Además, la sustitución al frente de todos los ministerios de la vieja guardia política corrupta por personas con un enfoque más humanista y más a favor de los sectores más marginados de la sociedad debería permitir algunos cambios. En un país donde el 75% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, esto es realmente una cuestión de vida o muerte para la mayoría. Pero esto requerirá la voluntad y el coraje de oponerse a los partidarios del statu quo por parte del nuevo gobierno y un apoyo significativo de la sociedad civil, tanto nacional como internacional. Como se explicó anteriormente, las expectativas de la población son inmensas después de estos 12 años de dictadura y, si no ven un cambio hacia una vida mejor y más digna para la mayoría, su desilusión y su enfado bien podría volverse contra aquellos que esperan que se las cumplan.

Foto: La presidenta Xiomara Castro el día de su toma de posesión