La selección de la nueva corte suprema y como puede influir el futuro de la lucha

Artículo de Nicolas Schärmeli, acompañante internacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

Cuando ganó Xiomara Castro del Partido Libre en alianza con el Partido Salvador de Honduras la presidencia y empezaron a gobernar en enero del año 2022, había mucha esperanza por un gran cambio en Honduras. Algo que pude notar cuando llegué en julio de este año. Pero para un cambio sistemático solo sustituir el gobierno y el ejecutivo no es suficiente, algo que se pude ver más y más este año. Todavía siguen existiendo las mismas estructuras que existieron por décadas, la policía, el ejército, la judicatura y una gran parte del legislativo. En este articulo quiero hablar sobre la corte suprema de justicia (CSJ) de Honduras y como le afecta la gente que acompañamos en nuestro trabajo.

En este momento estamos en el proceso donde se elige la nueva junta nominadora para la CSJ. Es una batalla entre magistrados, partidos, empresarios, movimientos sociales, iglesias y el crimen organizado ya que todes quieren ser representades con una mayoría. Esto es porque el poder y la influencia que tiene la CSJ es sustancial. Según CESPAD: “…todos los nombramientos, destituciones, traslados, amonestaciones, por ejemplo, están en manos del presidente (de la CSJ). La potestad de quién ingresa o es separado de su cargo, también le corresponde a quien ostenta este cargo.”[1] Esto es un nivel de poder para influir como está administrado el país que es al mismo nivel de la presidencia. Esto es un poder sistemático que puede mantener las estructuras que ya existen o romperlas, depende de quién será elegido.

Sin embargo, existe una desconfianza que pude notar en múltiples pláticas con gente aquí en Honduras dudando de los procesos, los representantes y la influencia que toma la mano en seleccionar magistrados, juntas nominadoras o funcionarios públicos. Además, hay una gran problemática que es la credibilidad y el cómo actúa la CSJ en los años pasados o como el periódico criterio.hn establece: “Esta situación, por supuesto, no sería tan grave para la buena marcha de un estado de derecho si la Corte Suprema de Justicia, al menos, gozará de una mínima credibilidad, tanto en lo que se refiere a la capacidad y probidad como a la independencia de sus magistrados.”[2]

Y esta desconfianza no surgió sin motivo, sale de varias decisiones tomadas sobre los años pasados que fueron criticadas por múltiples organizaciones de DDHH. El mejor ejemplo es la ratificación del expresidente Juan Orlando Hernández en el año 2014 que fue ilegal según la constitución, pero también la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en varias partes del país. [3],[4]

La decisión de aprobar ZEDEs lleva varias problemáticas en sí, pero se multiplicaron con desalojos forzados y una criminalización de la población local. Esto se produjo recientemente en un desalojo violento y forzado en Punta Gorda, Roatán, donde capturaron seis manifestantes Garifunas que estaban defendiendo sus tierras ancestrales.[5] El ejemplo de Punta Gorda es el más reciente, pero hay varias instancias parecidas, uno que estamos también acompañando directamente como Peace Watch es en Zacate Grande con ADEPZA. Lee aquí más sobre este tema.

En el caso de Guapinol, donde hay un conflicto de minería en un parque nacional afectando los ríos, el agua y la vivienda de la gente de la zona, ocho ambientalistas fueron privados durante 30 meses de su libertad por defender sus bienes comunes. En este caso se dice que hubo irregularidades en varios procesos judiciales y conspiración entre la empresa Los Pinares y representantes de la corte suprema. Por fin tuvieron que liberar los defensores porque no había lugar la acusación, pero les defensores casi perdieron tres años de su vida.[6],[7]

Además, varios de los casos que acompañamos nosotres en los meses pasados todavía tienen que esperar por una decisión de la corte suprema de justicia de Honduras. En el caso de Keyla Martínez donde la policía de La Esperanza arrestó a una joven enfermera y dijeron al día siguiente que se suicidó en la celda, se está a la espera de que la CSJ resuelva dos recursos de amparo que decide si van a procesar el caso como un caso de femicidio agravado u homicidio simple.[8] El tribunal ya escuchó las conclusiones de la acusación y la defensa, pero todavía no puede avanzar.

En el caso del fraude en el Gualcarque, donde la acusación quiere conectar el asesinato de Berta Cáceres con el fraude entre la empresa DESA, la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) y funcionarios públicos, tampoco se ha resuelto un amparo del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para ser incluidos como víctimas en el proceso.[9],[10] Estas decisiones ya están pendientes por bastante tiempo, pero todavía no se han resultado. Existe presión de la sociedad civil, los movimientos sociales, la secretaria de DDHH y de la ONU, pero hasta hoy no se ha producido una decisión.

No se tiene que minimizar el impacto que puede tener la CSJ y por lo general el poder judicial sobre las vidas de les defensores. Tal vez no se nota tanto en su vida cotidiana cuando uno no está afectado directamente, pero según estos ejemplos se puede ver porqué un cuerpo y poder judicial que es independiente y calificado de manera profesional y éticamente está para mejorar las condiciones de gente defendiendo sus derechos y para avanzar en justicia e de igualdad frente a la ley. Por fin, el camino de una lucha pacifista es frente a la ley, buscando justicia de una manera imparcial, justa y adecuada, pero esto solo funciona con un cuerpo independiente, imparcial y calificado exigiéndola.

Por estas razones la selección de la junta nominadora por la CSJ es tan importante por los movimientos sociales en Honduras. Los nuevos magistrados van a ocupar sus posiciones los próximos siete años siguientes y puede afectar mucho en cómo avanza, estanca o regresa el país. Sin embargo, existe una grande preocupación con la independencia de los magistrados por la influencia que tienen los magistrados, el sector privado y en general la gente poderosa y el crimen organizado sobre este proceso.

El proceso como se selecciona la junta nominadora de las más de 180 candidatos hasta las 45 que se van a presentar el 23 de enero incluye aspectos profesionales, personales y patrimoniales. El 25 de enero las 128 diputadas y diputados elegirán 15 personas para presidir la corte suprema de justicia en Honduras. Para lograr esto, les postulantes tienen que pasar un examen de conocimientos jurídicos y además pruebas psicométricas y toxicológicas. Ahí en el proceso ya surgieron varios reclamos y problemas. Primero, por falta de capacidad técnica y tecnológica, tuvieron que recurrir a utilizar la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Además, en las redes sociales circulaban 24 imágenes que contenían preguntas y respuestas del formato de selección múltiple. En cada imagen aparecían las respuestas correctas marcadas en color amarillo. Según Contracorriente: “Una fuente de adentro de la Junta Nominadora aseguró a Contracorriente, en condición de anonimato, que la filtración se hizo hasta después de realizadas las pruebas y que probablemente se denunció eso para anular el proceso y repetir los exámenes para favorecer a candidatos cercanos a los partidos políticos que salieron aplazados en la prueba.” Asimismo, una de las personas descartadas y personas reclamantes es el abogado clave de Inversiones Los Pinares que criminalizó les defensores de Guapinol.

La junta nominadora rechaza estas acusaciones y ha anunciado que está considerando una comisión de investigación por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Aquí hay que mencionar que las representantes del COHEP también tienen sus intereses. Sin embargo, varios sectores de la sociedad civil, como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) y la Coalición Anticorrupción, demandan que se exija una investigación con resultados públicos. Lo interesante en esta situación es que me parece que es solamente una batalla entre intereses de empresarios y políticos, y qué sectores estarán representados en la CSJ. Porque si se analiza los 69 postulantes que todavía quedan, casi no hay representación de la sociedad civil ni de movimientos sociales. No fueron aceptados varios postulantes por sus vínculos con el narcotráfico, por corrupción en el pasado o por actividades ilegales como funcionarios en puestos anteriores. [11],[12]

Cuando leo los perfiles de unos candidatos me sorprendió quien postuló y que por el momento siguen en el proceso, aunque descartaron a varias personas vinculadas con el narcotráfico, el ejército o diputados que fueron acusados de corrupción de alto nivel o fraude electoral pero todavía siguen postulando personas que están o fueron acusados por los mismos delitos y vínculos. Por ejemplo, está continuando el proceso un ex diputado del partido nacional quien ha sido relacionado con un cártel de narcotraficantes, la exdefensora del expresidente Juan Orlando Hernández, (quien ahora mismo es acusado por narcotráfico en Estados Unidos), la jueza acusada de haber intentado favorecer a la ex primera dama y alguien que es acusado de ser implicado en el desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Además, seis de los magistrados actuales están postulando por una reelección, aunque existen varias dudas por decisiones que tomaron, pero pasaron todas las pruebas y todavía siguen para ser candidatos. También existió una protesta cuando se reunieron varias personas vinculadas con la presidenta en privado con las personas eligiendo la junta nominadora y todos pasaron las pruebas. Así continua la lista[13]

Por fin, lo que me hace pensar mucho también es que el Gobierno cambió el criterio de evaluación que inicialmente fue repartido en un 30 % a la integridad personal y profesional, un 30 % a la ética profesional, y un 40 % a la idoneidad y capacidad técnica. Por fin, decidieron por un 25 % a la integridad personal y profesional, un 20 % a la ética profesional, y un 55 % a la idoneidad y capacidad técnica.[14]

Aquí se reflejan las prioridades de la gente en el poder y si alguien está pensando en largo plazo y la manera de mejorar un sistema, lo más importante debería ser la integridad personal y la ética profesional. ¿Cómo va a servir un juez que no actúa de forma ética y con integridad?

Finalmente, me acuerdo a una reunión donde hablaron varios luchadores de la sociedad civil sobre el tema y dijeron que hay que poner más presión a los cuerpos estatales y las organizaciones involucradas para que se forme una junta nominadora también representa el interés del pueblo. Si los movimientos sociales no participan en el proceso jurídico y dejan elegir a intereses que se oponen a los Derechos Humanos, el único proceso pacífico que es luchar en los tribunales se vuelve muy difícil de lograr, hasta imposible.

Leyenda: Corte Suprema de Justicia, mayo 2021 durante una manifestación del COPINH. Fuente: PWS 2021

[1] https://cespad.org.hn/el-poderio-e-influencia-que-tienen-los-15-magistrados-en-el-poder-judicial-de-honduras/

[2] https://criterio.hn/eleccion-de-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/

[3] https://criterio.hn/eleccion-de-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/

[4] https://contracorriente.red/2022/11/24/los-claroscuros-de-la-junta-nominadora-para-elegir-a-la-corte-suprema-en-honduras/

[5] https://criterio.hn/garifunas-son-violentamente-desalojados-y-capturados-por-policias-en-punta-gorda-roatan/, https://reportarsinmiedo.org/2022/11/13/punta-gorda-en-la-mira-de-las-zede/

[6] https://www.defensoresenlinea.com/el-poder-economico-que-controla-los-tribunales-mantiene-presos-a-ambientalistas-de-guapinol/

[7] https://cespad.org.hn/el-poderio-e-influencia-que-tienen-los-15-magistrados-en-el-poder-judicial-de-honduras/

[8] https://www.defensoresenlinea.com/solicitan-a-la-csj-resuelva-recurso-de-amparo-en-el-caso-de-keyla-martinez/

[9] https://copinh.org/2022/09/comunicado-justicia-hondurena-sigue-dando-largas-al-caso-fraude-sobre-el-gualcarque/

[10] https://www.fidh.org/es/region/americas/honduras/mision-internacional-observara-caso-fraude-sobre-gualcarque

[11] https://criterio.hn/105-autopostulantes-a-la-csj-en-investigacion-socioeconomica-en-medio-de-senalamientos-contra-el-proceso/