La pandemia causada por el Covid-19 ha cambiado las vidas de millones de personas de una forma abrupta. La crisis causada por el coronavirus implica una cuestión de clases y esta es la realidad que vive la mayor parte de la población y nuestros/as acompañados/as en sus comunidades donde el impacto del virus ha sido contundente debido a la confluencia de distintas causas. Estas causas van desde el deficiente sistema de salud pública de Honduras a la confabulación de las empresas transnacionales y el Gobierno, quienes en plena pandemia siguen teniendo luz verde para continuar con la expoliación de los territorios.Tal y como nos expresa una de nuestras acompañadas, pobladora de Reitoca, esta situación del coronavirus ha servido al Régimen para militarizar el territorio en el que viven sin que haya una preocupación real por la población teniendo en cuenta que el único centro de salud que hay está desabastecido: “ni la alcaldía ni nadie ha venido para traer mascarillas, ni geles desinfectantes ni guantes al centro de salud. No hay ni medicamentos y a las trabajadoras del centro de salud les ha tocado hacer gel de manos casero”.

Como vemos, la pandemia es mucho más que una emergencia de salud pública. Es una crisis económica, social y humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de Derechos Humanos la cual se agudiza cada día. El toque de queda fue instaurado por el Gobierno sin tener en cuenta las necesidades reales de los pueblos originarios y sus cosmovisiones y ha supuesto la suspensión de las garantías constitucionales que conlleva, en muchas ocasiones, a la violación de Derechos Humanos como el derecho a la alimentación. Muchas familias que en Honduras viven de lo que venden en su día a día han visto cómo no pueden salir a vender sus productos a la calle y como el costo de bienes de primera necesidad se ha visto incrementado por la pandemia, “hay mucha dificultad en comprar comida, sobretodo para la gente de la tercera edad. Noto que todo está más caro, antes un cartón de huevos valía 70 y ahora cuesta 130, el otro día pagué 25 lempiras por un repollo”, nos manifiesta la pobladora de Reitoca. Por su parte, el Estado de Honduras, a través de las municipalidades -como la de Reitoca-, que son las entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria” (un plan que  pretende beneficiar a 800 mil familias en condiciones de pobreza y extrema necesidad a nivel nacional, representando a 3,2 millones de hondureños y hondureñas, según el Gobierno de la República) ha repartido lo que se denomina “bolsa solidaria” (que contiene algo de arroz, aceite, sopas, harina, azúcar y frijol) pero – en el caso de Reitoca – únicamente la entregaron a personas afines al partido de la alcaldía y a quienes están a favor de la empresa que opera en la zona expoliando al pueblo de Reitoca. Es responsabilidad del Estado que en una situación de pandemia supla las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

En otra de las comunidades en la que PWS realiza acompañamiento, Puerto Grande, la situación es especialmente delicada puesto que la mayoría de familias se dedican a la pesca diaria y con la venta del pescado (sobretodo curiles, un molusco típico de la zona) pueden comprar comida, pero desde el confinamiento no han podido salir de su comunidad a venderlo por la ausencia de transporte público y porque las medidas incluyen no salir de la comunidad. Las primeras semanas la situación fue especialmente dura por no poder vender nada de nada pero trascurrido un tiempo, y siendo imposible mantener la situación, se ha habilitado un punto en la entrada de la comunidad y unos días concretos en los que los pescadores pueden vender pescado a los clientes que llegan ahí.

Pulperia de la zona sur, personas se abastecen para alimentarse  © Christophe Egger http://christopheegger.com

Como podemos observar de los diferentes relatos de nuestros/as acompañados, con quienes en este tiempo de confinamiento tenemos contacto vía telefónica, si ya existía una situación precaria y de vulneración de Derechos Humanos como el derecho al acceso al agua o el derecho a la vida, en un contexto de pandemia que ha servido al Gobierno para restringir libertades constitucionales -y militarizar territorios- se han visto incrementadas las violaciones a los Derechos Humanos, y creemos que esta dinámica va a continuar así durante todo el tiempo de confinamiento, tal y como apuntan algunas organizaciones de la población civil. En este sentido, el registro del Observatorio de la Protesta Social del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) apunta que durante el período de confinamiento se ha contabilizado 156 protestas en todo el país, de las cuales 114 corresponden a protestas por hambruna, donde pobladores y pobladoras de diferentes sectores exigen al Estado que les provea alimentos y ofrezca mejores respuestas ante la crisis.

Tegucigalpa, Junio 2020, Mireia Izquierdo Prad

Foto de Portada: Comunidad de Zacate Grande, calle principal. © Christophe Egger http://christopheegger.com