Artículo de Marina Bieri, acompañante internacional de Derechos Humanos de PWS en Honduras

Tegucigalpa, Honduras, marzo 2022

El miércoles 9 de febrero de 2022 se dictó el fallo en el caso de los defensores del medio ambiente de Guapinol, que también recibió mucha atención internacional. PWS observó partes del juicio oral y público que duró varias semanas, así como el veredicto, y acompañó el campamento montado frente al tribunal.

En diciembre del año pasado se inició el juicio oral y público contra los ocho defensores del medio ambiente de Guapinol, que concluyó de manera provisional el 9 de febrero de 2022 con la condena de seis de los ocho acusados. Entre agosto y octubre de 2018, los acusados participaron en un campamento construido para detener las obras de una empresa minera que contaminaban los ríos Guapinol y San Pedro, fuentes de agua para uso humano, animal y labores domésticas. Cuando las fuerzas de seguridad intentaron desalojar el campamento a principios de septiembre de 2018, se empleó la violencia. Mientras que hasta la fecha no se ha investigado la lesión corporal de un participante en el campamento que recibió un disparo, se han emitido órdenes de captura contra varios de los participantes en el campamento por la quema de un carro y dos contenedores y por el hecho de haber detenido a uno de los agentes de seguridad presentes. Ocho de ellos llevaron dos años y medio en prisión preventiva. Los cargos que se les imputaban al inicio del juicio eran privación de libertad e incendio agravado y fueron ampliados por la Fiscalía durante el juicio para incluir el delito de daños a la propiedad. Debido a las numerosas irregularidades y a la larga e ilegal privación de libertad de los ocho acusados el caso atrajo la atención internacional. Para demostrar el interés de la comunidad internacional por el caso y promover un proceso justo y conforme a la ley, PWS y otras organizaciones nacionales e internacionales observaron el juicio entre diciembre 2021 y enero 2022.

Tras la presentación de todas las pruebas y las conclusiones de los/as abogados/as de ambas partes, el dictamen del fallo estaba previsto para el 9 de febrero de 2022 en el juzgado de Tocoa. Como Tocoa está a ocho horas de viaje desde la capital, Tegucigalpa, en el norte de Honduras, nos unimos a nuestros/as compañeros/as de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) para realizar este acompañamiento. En la víspera del dictamen del fallo, nos preguntamos qué pasará. ¿Serán absueltos los acusados debido a la insuficiencia de pruebas y a los testimonios contradictorios, o el tribunal los condenará a varios años de prisión a pesar de todo? Todo parece posible y nadie se atreve a hacer predicciones. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras nos dice que durante el viaje a Tocoa trabajó en dos declaraciones: una para el caso de una absolución y otra para el caso de una condena.

A la mañana siguiente llegamos al campamento frente al tribunal antes de la hora prevista para el fallo. La gente que ha venido de Guapinol y de los pueblos de los alrededores está reunida alrededor de un círculo de hojas de colores con una pequeña hoguera en el centro y ha colocado delante de ellos las fotos de los ocho compañeros acusados. Uno de ellos reza una breve oración y otra persona recuerda al grupo reunido que es la lucha por el agua y un medio ambiente sano que les hace esperar este día su fallo ante el tribunal a los ocho compañeros acusados. Tras este breve discurso, se pide a los familiares de los acusados que digan unas palabras. Pero por primera vez, nadie parece tener muchas ganas de expresar sus sentimientos y pensamientos.

Alrededor de las 9 de la mañana, hora en la que debía comenzar la sentencia, entramos al juzgado. Más de una hora después, los tres jueces entran a la sala y comienza la lectura del fallo. Seis de los ocho acusados son declarados culpables de todos los cargos, mientras que los otros dos son absueltos de todos los cargos. Los presentes en la sala esperan en vano la motivación del fallo. En su veredicto oral, el tribunal se limita a afirmar que ha examinado cuidadosamente todas las pruebas. Cuando los/as abogados/as de la defensa piden aclaraciones sobre el fallo, los jueces se retiran para deliberar y luego dejaron que la secretaria judicial anunciara que la audiencia había terminado.

Cuando tenemos la oportunidad de hablar brevemente con los ocho defensores del medio ambiente, la mayoría de ellos parecen tranquilos, aunque uno de los condenados dice que, aunque ha sido consciente de que podía ser condenado, no ha estado emocionalmente preparado para ello. Uno de los dos absueltos, sin embargo, está agitado y al borde de las lágrimas. Siente una inmensa pena por el hecho de que seis de sus compañeros hayan sido declarados culpables y, al mismo tiempo, está preocupado por su propia seguridad y la de su familia ahora que pronto estará en libertad.

Más tarde, tres de los abogados comentan el fallo en el campamento, rodeados de familiares y otras personas que se encuentran acompañando a los defensores criminalizados. Su opinión es clara: “se trata de un fallo político basado en intereses privados. Los condenados son inocentes y el Ministerio Público no ha logrado demostrar lo contrario.”

Ya por la noche, dos de los/as abogados/as de los condenados llegan de nuevo al campamento e informan sobre los próximos pasos. Han presentado una petición ante el tribunal de sentencia de Trujillo exigiendo la aplicación del decreto de amnistía para los ocho defensores de Guapinol que fue aprobado por el congreso y sancionado por la presidenta. Este decreto está vigente y, por lo tanto, el tribunal está obligado a aplicarlo. Dos de los abogados están en este momento reuniendo los documentos necesarios para su aplicación. Con eso, la libertad parece estar de nuevo al alcance de los seis condenados.

A la noche siguiente, el 10 de febrero de 2022, la sorprendente y agradable noticia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha aprobado dos recursos de los/as abogados/as de los acusados después de más de un año y todo el juicio, incluida la condena, es por tanto nulo. El tribunal competente debe ahora ejecutar este fallo y ordenar la liberación de los seis encarcelados.

Sin embargo, la ejecución de este fallo no fue tan rápida como era de esperar. En una primera audiencia, el tribunal de primera instancia de Trujillo se declaró sin competencia y añadió que no podía aplicar la sentencia de la CSJ porque aún no la había recibido, negando así a acatar la decisión del más alto tribunal de Honduras. No fue hasta dos semanas después de la sentencia de la CSJ, el 24 de febrero de 2022, que el tribunal de sentencia de Trujillo revocó su decisión, tomada tras la audiencia inicial, de dictar auto de formal procesamiento contra los ocho defensores y, en su lugar, emitió sobreseimiento definitivo. Los seis defensores del medio ambiente condenados recuperaron así su libertad y su odisea de 914 días por el sistema de justicia hondureño llegó a su fin.